Los abogados españoles, pese a valorar las mejoras incluidas en la nueva ley de extranjería, opinan que siguen sin resolverse aspectos con incidencia negativa en derechos fundamentales, como la limitación de la reagrupación familiar y la regulación de la asistencia jurídica gratuita. En una nota, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española confía en que el trámite en el Senado de la ley permita solucionar los problemas pendientes.
Los abogados apuntan a que tras la aprobación de la norma en el Congreso -el 29 de octubre- se ha mejorado la redacción de la exposición de motivos referida a la política migratoria, aún cuando sigue orientada más a las medidas de control que a las integradoras.

Valora el esfuerzo por regular mejor la renovación de los permisos de residencia y trabajo, y la preocupación por implantar mecanismos de protección para las maltratadas y víctimas de trata de personas.

A juicio del Consejo de la Abogacía son también positivas, aún siendo insuficientes, las mejoras técnicas sobre el reconocimiento de la capacidad de obrar de los menores no acompañados en los procedimientos de repatriación.

Entre los aspectos sin resolver, muestra su preocupación respecto al derecho a la asistencia jurídica gratuita, ya que impone requisitos procesales adicionales a los extranjeros para poder acceder a la jurisdicción contencioso administrativa que podrían ser contrarios al mandato constitucional.

En este contexto, apuesta por 'la conveniencia de regular expresamente el derecho de los menores no acompañados a la asistencia letrada en los procesos que puedan llevar a su repatriación'.

Sobre la limitación de la reagrupación familiar de los progenitores mayores de 65 años, los abogados opinan que 'no favorece el marco familiar en que debe producirse la integración social de los extranjeros y es contradictoria con los objetivos expresados de la ley'.

Por otra parte, establecer el requisito de residencia de larga duración del re-agrupante puede contravenir el Derecho europeo en materia de reagrupación, recalcan.

La ampliación de hasta 60 días -actualmente 40- del internamiento sigue pareciendo 'excesivo' al CGAE, teniendo en cuenta el criterio expuesto por el Tribunal Constitucional, que va 'más allá incluso de lo que se permite en casos de extradición penal por los tratados internacionales'.

Sin embargo, subrayan como mejora destacable en la nueva ley que ya, en ningún caso, se podrá ampliar el plazo de internamiento más de 60 días.