El primero de los recortes anunciados por el presidente de Argentina, Javier Milei, para reducir el gasto público se ha consumado este martes con la firma de un decreto que paraliza la renovación de los contratos trabajadores públicos que fueron contratados hace menos de un año.

Unos 5.000 funcionarios podrían estar afectados por esta medida- según el diario argentino "Clarín" - que se hará efectiva el 31 de diciembre. Ese día decaerán las contrataciones. Mientras tanto, Milei sigue adelante con su auditoria para conocer cuál es el número exacto de trabajadores del Estado.

Las excepciones 

Existen algunas excepciones. Los contratos que sí se renovarán son los de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, las que forman parte de las cuotas fijadas por la Ley de identidad de género, o quienes ocupen puestos de trabajo que necesariamente deben ser cubiertos. 

No por anunciada, esta decisión ha provocado un hondo malestar entre los representantes de los trabajadores que amenazan con echarse a la calle y convocar una huelga general.

El recurso contra los recortes no detiene a Milei

Recientemente, el Juzgado Nacional número 2 de lo Contencioso Administrativo Federal ha admitido un recurso de amparo del Observatorio del Derecho, la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma, el partido Unidad Popular y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), para que sea declarado inconstitucionalidad el anterior Decreto de Necesidad y Urgencia el conocido como (DNU). 

Sin embargo, la determinación del presidente argentino parece estar a prueba de recortes. Salvo que los tribunales declaren la inconstitucionalidad y la anulación total del DNU, Milei seguirá con su propósito de recortar todo aquello que considere un gasto superfluo para el Estado.