Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, han absuelto de los cargos de prevaricación y detención ilegal de menores marroquíes al ex Delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro (PP), y al ex consejero de Gobernación del Ejecutivo ceutí, Antonio Francia (PP). Para ambos, la acusación particular, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, solicitaba seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para cargo público. Según la sentencia a la que ha tenido acceso los medios de comunicación, para la Audiencia los hechos prueban que ni Luís Vicente Moro 'ordenaba la detención de los menores para su posterior expulsión', ni Antonio Francia 'dirigía la actuación policial', tal y como aseguraba la acusación particular.

Los magistrados van más allá asegurando que 'la descoordinación entre administraciones era evidente, dificultando la apreciación real del problema y cómo atajarlo', lo que no evita que se refieran al proceso de devolución de los menores con las siguientes palabras: 'Más allá de su acierto, era una respuesta'.

Según la Audiencia, 'hacerse con los menores extranjeros que se encontraban en la ciudad de Ceuta en la condición de desamparo y devolverlos a su país de origen, Marruecos, a través del puesto fronterizo de El Taraja no eran acciones esporádicas, sino una práctica consolidada o modo asumido por las fuerzas de seguridad, la administración local y estatal con presencia en Ceuta'. Además de un procedimiento practicado con varios años de antelación a la toma de posesión de sus respectivos cargos de Moro y Francia, es decir, a mediados del año 1998.

El tiempo que transcurría entre la aprehensión de los menores y su devolución 'ha quedado en una cierta indefinición por varias razones'. Una de ellas, según los magistrados, es que 'se trataba más propiamente de una práctica que de un 'protocolo', y que su aplicación hubo de sufrir muy probablemente, por ello, muchas variaciones. Sólo se ha podido llegar a la convicción que el tiempo era indeterminado y que podía llegar a alcanzar algunas horas'.

Lo que sí ha quedado probado es que la 'filiación' se realizaba en base a 'unos modelos impresos preexistentes'. Una copia de dichos formularios 'quedaba en poder del Cuerpo Nacional de Policía y otra se devolvía sellada a los agentes de la Policía Local'. Y que 'se elaboraba un documento destinado a las autoridades marroquíes para que se hicieran cargo de los menores'.