El Govern ha aprobado el proyecto de ley de la Comunidad Catalana en el Exterior, para regularizar e institucionalizar las relaciones entre la Generalitat y los catalanes residentes en el extranjero, reconociéndoles como sujeto con derechos y deberes destinatarios de la obra de gobierno.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, el portavoz, Francesc Homs, ha explicado que la norma debe servir para revisar lo que convenga en objetivos de colaboración mutua entre Generalitat y catalanes en el extranjero, y ha remarcado que existen 140 comunidades reconocidas oficialmente, una cifra que "ilustra mucho" la capacidad de presencia internacional de los catalanes.

Ha ensalzado el papel que desarrollan estas comunidades a la hora de mostrar a la comunidad internacional la identidad, los intereses y la proyección de Cataluña, un rol que ha definido con el de "agentes destacados de la diplomacia pública catalana, en el sentido más lleno y menos administrativo del término".

La norma pretende establecer una política integral, transversal y coordinada en todo aquello que refiere a los catalanes que deciden emigrar, y pretende dar apoyo al "creciente número de catalanes" que se encuentran en el extranjero, impulsar el apoyo a las iniciativas de la sociedad civil en este ámbito y fortalecer la proyección exterior de Cataluña.

La norma establece un marco de relaciones sistemático y articulado, pone al día mecanismos para facilitar esta relación y revisa los objetivos de colaboración mutua, y supondrá la derogación de la Ley de relaciones con las comunidades catalanas del exterior, que fecha de 1996 y que ha quedado "desfasada".

Acción Exterior

Sobre la Ley de Acción Exterior, Homs ha explicado que el Govern seguirá desarrollándola porque la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) --tras admitir a trámite el recurso del Gobierno central-- no afecta a los artículos sobre los que el Ejecutivo catalán quería sustentar su actuación de los próximos meses.

Así, ha explicado que tanto la coordinación interna de la Generalitat en materia de acción exterior, como el impulso del Consell Exterior de Cataluña, como lo que hace referencia al plan estratégico que contempla la ley han quedado fuera de los artículos impugnados, por lo que "siguen plenamente vigentes".

Homs ha recordado que la suspensión del TC es cautelar durante un máximo de cinco meses, y ha confiado en que el alto tribunal avale la constitucionalidad de la ley tal y como hizo por unanimidad el Consell de Garanties Estatutàries -órgano consultivo de la Generalitat- cuando dictaminó sobre ella.