La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en Canarias que se promulgará una ley para impulsar la distribución obligatoria de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, aunque reconoció que esta es una cuestión que le compete al Congreso de los Diputados.
"El Gobierno cumple con lo que firma", declaró a los periodistas tras su encuentro con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, antes de dirigirse a los campamentos de migrantes en Las Raíces y Las Canteras, ubicados en el municipio de La Laguna (Tenerife).
Saiz señaló que el Gobierno comenzará "de manera inmediata" con este proceso, pero comprende que cualquier cambio legislativo requiere el "respaldo" del Congreso. Por ello, se trabajará para alcanzar "consensos" que permitan la aprobación de esta normativa.
Destacó la importancia de llevar a cabo este proceso con una "escucha activa", trabajando de la mano con las distintas comunidades autónomas y todos los actores involucrados. Hizo hincapié en que no se trata de una opción, sino de un asunto de Estado que también involucra la protección de los derechos humanos.
A preguntas de los periodistas sobre el 'mando único' migratorio solicitado por el Gobierno de Canarias, subrayó que "Canarias no está sola", ya que el Gobierno central ha estado respondiendo desde el aumento de las llegadas de migrantes. Afirmó que todas las modificaciones deben seguir su proceso correspondiente.
Además, resaltó la importancia de la reciente aprobación, tras siete años de negociaciones, del Pacto de Asilo y Migraciones en la Unión Europea, señalando que coloca las necesidades particulares de España en el centro del continente.
Finalmente, la ministra expresó la necesidad de todos los recursos disponibles y la importancia de una respuesta común de la UE para asegurar una adecuada acogida migratoria. Mencionó que seguirá llegando financiación estatal y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation para abordar este fenómeno, tras recibir una primera subvención de 50 millones, mientras que el Gobierno canario estima un coste de 104 millones para atender esta situación.