Un año después de la publicación de la Instrucción de la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática, en nuestro colectivo creemos que se ha logrado un hito histórico en materia de nacionalidad en España. Esta lucha liderada por el Centro de Españoles Unidos (CeDEU) que fue impulsada, acompañada y trabajada por miembros del antiguo Consejo General de la Emigración, personas con experiencia y dedicación, tuvo sus altibajos: sus más y sus menos, pero no tenemos la más mínima duda de que la persistencia y perseverancia fue la clave de este logro.
Logro que no hubiera sido posible sin la “presión”, sin reuniones de último minuto y sin algunas decepciones que no vienen al caso. Pero todavía hoy con la satisfacción por la determinación y decisión política del Gobierno, especialmente del secretario de Memoria Democrática, y de la responsable de PSOE Exterior, sabemos que no hubiera sido viable, ni, tampoco, sin la ayuda que recibimos de diputados y senadores a lo largo de la anterior legislatura.
Un año después de la aprobación de esta maravillosa Ley para la emigración, tenemos datos muy positivos gracias al ingente trabajo de los consulados, entre los que hay grandes “faros”, que deberían guiar al resto, y a quienes no nos vamos a cansar de reconocer, como los de Buenos Aires, que desde el primer momento y seguido por los de Rosario, Mendoza, Caracas, Montevideo, han implementado la normativa a la perfección y con la mejor de las disposiciones para que dentro de los plazos se puedan resolver la multitud de solicitudes que reciben.
Pero también hay sombras. En el lado contrario está Córdoba, donde se ha reclamado más personal para poder resolver expedientes a tiempo, y lo único que se hizo fue recontratar personal al que aún le quedan 8 meses de contrato de una convocatoria anterior. Lo que ha supuesto la pérdida de dos puestos de trabajo, con los que se ha esfumando el compromiso de agilizar los expedientes a cambio de una dotación mayor de personal. O el de Montreal, donde ni siquiera se han molestado en leer la instrucción.También hay mucho trabajo por hacer en el Registro Civil Central donde algunos funcionarios no se dan por enterados de la Instrucción.
Esta realidad que acabo de describir, nos demuestra que se puede cuándo se quiere y existe una clara decisión por parte de los responsables de los consulados de asumir el trabajo que corresponde, y hacerlo bien. Y que también, a veces, se pueden poner trabas y magnificar exusas, atribuyendo la falta de medios económicos o de personal a lo que en realidad es una falta de voluntad.
Hoy día existen numerosas herramientas informáticas que permiten simplificar la resolución de trámites, aunque a veces se trata de algo tan simple como leerse el Boletín Oficial y empaparse de todo lo relativo al Código Civil. Es verdad, que mal no vendría más personal, sobre todo en consulados como el de Buenos Aires que tiene más de 260.000 solicitudes, o el Montevideo, o Caracas, pero mientras que otros con tan solo 10.000 expedientes dicen no dan abasto, recontratan personal con contratos aún vigentes, con varios meses por delante, perdiendo así plazas que son muy necesarias.
Los “nuevos” españoles que están adquiriendo la nacionalidad en un futuro cercano necesitarán hacerse un pasaporte, casarse o inscribir a sus hijos en los registros, por lo que en los consulados, la carga de trabajo ha venido para quedarse.
Sabemos que existe una clara voluntad del Gobierno de mejorar el servicio en sus delegaciones. No obstante, creemos que debería hacerse un trabajo diferenciado en los consulados con mayor carga histórica - que a su vez son en los que existe una mayor cantidad de expedientes, y que se correponden con las ciudades en las que tradicionalmente se instalaban los emigrantes españoles y por tanto existe un mayor número de descendientes.
Reforma del Código Civil
Si la disposición adicional octava, supuso un antes y un después en cuanto a reconocimiento de los derechos de la colectividad, seguimos teniendo por delante un reto igual de importante: la reforma del Código Civil, algo en lo que se viene trabajando desde hace más de 20 años en el marco del Consejo General de la Emigración, ahora Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Nada nuevo, por tanto. Sin embargo, ahora no podemos atenuar la marcha, debemos incrementar el trabajo que se ha venido haciendo y ser ambiciosos.
No partimos de cero, aunque por las propuestas que se planteban en el último Pleno parecería que fuera así. Son iniciativas que vienen de atrás, y a las que lamentablemente poco o ningún caso se les ha hecho.
La supresión del voto rogado, liderada también por el asociacionismo, al igual que sucedió con la nacionalidad, debería llamarnos a una profunda reflexión sobre los mecanismos y canales que llevan al Gobierno a escuchar las demandas.
Tal vez, en un futuro inmediato, sería interesante que los CRE empezaran a tener un mayor peso, mayor presencia, dar entrada a nuevas personas, a que se organizaran de forma masiva reuniones con la emigración a la que representan, dado que en muchos lugares lamentablemente no se conocen o no tienen apenas visibilidad, como tampoco lo tiene el papel de sus consejeros. El desconocimiento de su existencia, de su papel, impide - entre otras cosas - crear un amplia base de presión de cara a abordar la agenda setting, clave para la modificación de políticas públicas “de abajo hacia arriba”.
Quince años de lucha para conseguir la supresión del voto rogado y acceso a la nacionalidad para los excluidos, son demasiados. Quizás, si existiese una circunscripción exterior, como la que se viene reclamando desde el CGCEE, y que solo una comunidad autónoma: Asturias, cuyo presidente, Adrián Barbón, ha anuncido su creación para dar voz a la emigración asturiana, si cuenta con el apoyo necesario en las próximas elecciones autonómicos, podría empezar a cambiar las cosas.
Termino, refiriéndome al proyecto del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, actualmente en audiencia pública. Creemos que sería una oportunidad perdida sino se plantea la creación de una comisión de estudio para la creación de la circunscripción exterior en las Cortes, una herramienta que tal vez podría amagar la reforma de la Constitución a través de una reforma de la LOREG en la que establezcan cupos para españoles nacidos o residentes en el exterior, dentro las listas de partidos políticos en representación de la provincia donde se encuentran inscritos, o igualmente para el Senado. Los parlamentos regionales deberían designar a una cantidad equis de personas nacidas fuera de Espana o residentes en el exterior en proporción a los partidos que obtengan escaño por designación autonómica. En la Constitución no establece nada concreto al respecto, por lo que se podría trabajar de forma reflexiva, sensata y dentro del marco constitucional, para cambiarlo
Queda aun un año para la disposición adicional octava decaiga, de la que en breve habrá que pedir la prórroga de un año adicional, que la propia Ley estipula. Un año en que queda aún mucho por hacer, y en el que vamos a echar el resto.