jueves, 09 de febrero de 2023

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Gallardón, detrás de García-Margallo, en el pleno del Congreso.

La portavoz del Grupo Socialista en Inmigración, Esperança Esteve, ha pedido la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso para que explique las irregularidades detectadas en la tramitación de expedientes de nacionalidad, después de que varias organizaciones hayan denunciado la denegación de la nacionalidad a extranjeros que tienen la condición de refugiados.

Según explica el PSOE, la explicación del Ministerio ha sido que se había tratado de un 'un error de una aplicación informática'. A juicio de Esteve, no hay un error informático, sino 'político' y cree que es responsabilidad del ministro de Justicia, 'por la puesta en marcha de un plan sin las debidas garantías y que incumple la Ley'.

Así, ha recordado que el ministro tiene pendiente comparecer en el Congreso para explicar este plan desde hace varios meses y no es el primer fallo que se detecta y se denuncia dentro del Plan de tramitación de expedientes de nacionalidad que, además, ve 'ineficaz'.

'Los propios funcionarios del Ministerio de Justicia denunciaron hace meses que a raíz del Plan del Gobierno se han multiplicado por cinco el número de denegaciones', ha avisado Esteve, al mismo tiempo que puntualiza que otros se estiman indebidamente.

La diputada ha criticado igualmente que no se van a eliminar los retrasos porque 'hay otros cuellos de botella' en la toma de juramento e inscripción de la nacionalidad, y se ha pagado por una aplicación informática 'ya existente e ineficaz' para las gestiones del Servicio de Nacionalidad y para el intercambio de información con otras instituciones.

Esteve señala que el problema se deriva de la externalización de trámites, que han dejado de gestionar los empleados públicos y se han encomendado a personas que no conocen la cuestión.

Por ello, considera que el Gobierno 'debe aprender de los errores y rectificar los planes para que sean los notarios y registradores de la propiedad quienes asuman por Ley la tramitación de los expedientes de nacionalidad, despreciando así los recursos y la experiencia de los empleados públicos que actualmente se encargan de ello'.

En este sentido, ha solicitado que 'en lugar de contratar con empresas externas que se han demostrado incapaces de hacer bien su trabajo', se invierta en la mejora de los recursos de la Administración pública.