El año que comienza lo hace con varios temas cruciales en materia migratoria en España. Uno de ellos es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 migrantes. Lo que junto con el Pacto de Migración y Asilo, de la UE, preocupa y mucho a las ONGs españolas.
La ONG Regularización recuerda que la ley ya está lista para debatirse en el Congreso, una vez que se agotara el plazo sin que el Gobierno vetase la iniciativa por el impacto presupuestario que implicaría, bien por exceso de gasto o por merma de ingresos. Unas 800 ONGs han abrazo el proyecto 'Esenciales' para demandar una regularización excepcional para aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que ya estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021.
"No estamos exigiendo caridad sino que es una cuestión de justicia social", ha asegurado Silvana Cabrera, una de las portavoces de Regularización, quien ha criticado que "se está gobernando para algunas cuantas personas para mantener sus privilegios y dejar atrás a muchísimas otras".
Solicitudes de asilo al alza
Durante el año 2023 España registró un notable incremento en las solicitudes de asilo, al ser el segundo año en el histórico y después de 2018, con más llegadas irregulares, en concreto 52.000 migrantes arribaron a nuestras costas. El 76.2% más que en el año anterior.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) destacó que a la inmigración irregular se unen 152.250 solicitudes de protección internacional, un número sin precedentes en el país, la mayoría proceden de latinoamericanos, y de países como Venezuela, Colombia, Perú, Honduras y Cuba.
CEAR ha denunciado los múltiples obstáculos que existen para acceder al derecho de asilo en España, señalando los retrasos en las citas de asilo y los problemas para acceder al territorio, incluyendo devoluciones ilegales en la Frontera Sur y la falta de vías legales y seguras.
En relación al Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, CEAR advirtió que las nuevas normativas podrían poner en peligro el derecho de asilo y carecer de garantías de protección para las personas. Lamentaron que la presidencia española no aprovechara la oportunidad para cambiar el enfoque hacia una política más respetuosa de los derechos humanos y la solidaridad entre los Estados Miembros.
También expresaron preocupación desde Accem, señalando que el acuerdo, centrado en la seguridad de las fronteras, no prioriza suficientemente los derechos humanos. Destacaron la emergencia humanitaria en Canarias y la gestión posterior de la acogida como retos significativos.