El Ministerio de Asuntos Exteriores confía en mantener los refuerzos desplegados en los consulados el año pasado para atender el volumen de solicitudes de nacionalidad conforme a la Ley de Memoria Democrática, una vez que el Gobierno ha anunciado la extensión del plazo previsto de dos años de vigencia de la norma durante otro año más.

Hasta el 30 de noviembre de 2023, se habían concedido 102,868 nacionalidades, lo que representa el 49,7% de las solicitudes presentadas. Solo se habían denegado 700, mientras que el resto estaba en proceso. Este volumen de solicitudes, más notorio en países con una mayor presencia de descendientes de españoles como Argentina o Cuba, ha supuesto una carga adicional para los consulados.

Para hacer frente a esta situación, en 2023 se tramitó un cupo extraordinario de 150 plazas y se crearon tres puestos de cónsul adjunto en los consulados más afectados: La Habana, Buenos Aires y Ciudad de México. Además, se autorizaron 440 contrataciones a lo largo del año, con 100 ya aprobadas y 100 más en el segundo semestre.

Fuentes diplomáticas indican que la intención es mantener ese refuerzo durante el tiempo necesario para aplicar las previsiones contempladas en la ley. La norma permite optar a la nacionalidad española a diversas categorías de personas, incluyendo descendientes de españoles y aquellos que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual.

El hecho de que el plazo de la Ley de Memoria Democrática se haya extendido hasta 2025, supone un desafío adicional para los consulados. La Asociación de Diplomáticos Españoles y el CGCEE  alertaban en las últimas semanas  sobre el estado deteriorado de la red consular, señalando que la concesión de nuevas nacionalidades podría incrementar la carga de trabajo. El plan de digitalización consular y los refuerzos de personal son algunas de las medidas para hacer frente a esta situación.