El año 2023 se destacó por ser el segundo en el histórico de nuestro país, con más llegadas de migrantes irregulares a España, habiéndose registrado 52.945 personas, cifra solo superada por la del 2018 cuando se produjeron 64,298 llegadas. En Canarias, el número de migrantes superó todos los récords con 37.187 personas, incluso más que en la "crisis de los cayucos" en 2006, que supuso la entrada de 31.678 migrantes. 

Según el Ministerio del Interior hasta el 15 de diciembre, las llegadas irregulares se incrementaron en un 76.2% respecto a 2022, cuando llegaron 30,048 personas en el mismo periodo.

Por orden de llegadas irregulares en los últimos años: 2018 lidera el ranking con 64,298, seguido por 2023 con 52.945 (datos hasta mediados de diciembre), luego 2021 (41.945), 2020 (41,861), 2019 (32.513), 2022 (30.048), y 2017 (28.349).

En 2023, se registraron 22,897 llegadas más por mar y tierra en comparación con el año anterior. Por vía marítima, hubo 51.739 llegadas irregulares, un 86.2% más que en 2022, con 1.684 embarcaciones (78 más que el año anterior). De estas, 14.312 llegaron a la Península y Baleares, 2.263 más que en 2022.

En Canarias, se observó un aumento del 140.4% en las llegadas, alcanzando las 37.187 personas. Además, Melilla vio un incremento del 17.6%, mientras que Ceuta tuvo una reducción del 50% en las llegadas por vía marítima.

En tierra, tanto en Ceuta como en Melilla, hubo una disminución del 46.5% y 86.3% respectivamente en las llegadas irregulares. En la última semana de 2023, la presión migratoria aumentó con casi 1.500 llegadas, principalmente a las Islas Canarias. 

En este escenario, la Unión Europea aprobaba este mes de diciembre el Pacto de Migración y Asilo, tras ocho años de negociaciones, y con no pocos cuestionamientos por parte de los propios países miembros, o de las organizaciones sociales. Su objetivo es incrementar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y proponer una "solidaridad a la carta" entre países, permitiendo eludir la acogida de migrantes reubicados a cambio de una compensación económica por cada traslado rechazado. Además, establece un proceso armonizado para otorgar o retirar la protección internacional en un plazo máximo de seis meses. También se amplían las bases de datos del Eurodac, incluyendo imágenes faciales y criterios de seguridad. Veremos a ver cuál es su resultado y sus consecuencias.