Francia se ha vuelto a echar a las calles un nuevo fin de semana contra la Ley de Inmigración, a solo unos días - el próximo jueves - de que el Consejo Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley de Macron, contestada incluso por sus propios diputados. 

En las concentraciones y marchas han participado decenas de miles de personas, tras la llamada de atención realizada por unas 200 personas del mundo asociativo y de los gremios. La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), fueron las primeras en rechazar la norma nada más conocerse su aprobación el pasado día 21. 

Los manifestantes reivindican "la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, la de vivir juntos en la cotidianidad", tal y como declaró la secretaria nacional de la CGT, Sophie Binet, quien, en cambio, considera que la medida adoptada el mes pasado tras un pacto entre el oficialismo y los conservadores en el país abunda en el "discurso del odio, la estigmatización y la confrontación". 

Las movilizaciones se producen días antes de que el próximo día 25, el Consejo Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la norma. Paso previo a su promulgación por parte del presidente Emmanuel Macron. Y apenas unos días después desde la llegada del nuevo primer ministro, Gabriel Attal a su nuevo cargo. 

El texto aplaudido por la extrema derecha, que califica como una victoria ideológica su aprobación, incluye  restricciones en la reunificación familiar, la regularización de trabajadores sin papeles, o medidas como la imposición de un depósito de garantía a estudiantes extranjeros para poder ser aceptados en universidades de Francia.

El gobierno defiende la iniciativa, aunque reconoce que algunas de sus medidas no son las mejores e incluso pudieran ser anticonstitucionales.