La Embajada en Caracas está siguiendo de cerca el caso de la activista Rocío San Miguel, que fue detenida en Venezuela el pasado viernes y que posee nacionalidad española.

Desde que se tuvo conocimiento de la detención, la embajada ha estado "siguiendo el caso" y realizando gestiones con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, brindar asistencia consular y garantizar el respeto de sus derechos, han explicado las fuentes.

Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, fue detenida el viernes pasado cuando intentaba salir del país. La detención, según informes de la prensa venezolana, está relacionada con investigaciones del Gobierno de Nicolás Maduro sobre casos de conspiración denunciados por el presidente el pasado 15 de enero en la Asamblea Nacional.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el lunes que solicitará medidas de privación judicial preventivas de libertad contra Rocío San Miguel por delitos de traición, conspiración y terrorismo. El equipo legal de la activista denunció que otros cinco familiares, incluida su hija, Miranda Díaz San Miguel, y su exmarido Víctor Díaz Paruta, fueron detenidos.El Gobierno venezolano informó sobre la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana implicados en estas conspiraciones, que supuestamente incluían un magnicidio.

La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el caso de la activista hispanovenezolana como un "atropello injustificable" y otro episodio de "criminalización" de los defensores de los derechos humanos.

Desde Estados Unidos, la Casa Blanca expresó su "malestar" por la detención y exigió a Nicolás Maduro que cumpla "con los compromisos que asumió el otoño pasado sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de la oposición".