jueves, 04 de junio de 2020

El asesinato del español Diego Bello en Filipinas: interrogantes e impunidad cuatro meses después

El emprendedor español Diego Bello en una fotografía facilitada por la familia. EFE
El emprendedor español Diego Bello en una fotografía facilitada por la familia. EFE
Cuatro meses después de la muerte del emprendedor español Diego Bello en la isla filipina de Siargao, sus familiares y amigos siguen reclamando justicia, ya que su asesinato a manos de la policía arrastra un sinfín de interrogantes, pero con la amarga sensación de que quedará impune.

"No nos vamos a rendir. Seguiremos peleando con quien haga falta para exigir justicia", aseguró en una entrevista telefónica con Efe desde A Coruña su hermano Bruno Bello, de 28 años, portavoz de la familia.

Después de vivir en Londres, Berlín, México, Honduras, Tailandia y Australia, Diego se instaló en noviembre de 2017 en Siargao, un paraíso de surferos en el sureste de Filipinas, donde abrió varios negocios enfocados al turismo: el hostal de White House, la tienda de artículos de surf Mamon y el bar-restaurante La Santa.

Familiares y amigos han impulsado la campaña #XusticiaParaDiego en la calles y en las redes sociales, que busca mantener viva su memoria y esclarecer su muerte, tras ser tiroteado por agentes de la policía la madrugada del 8 de enero cuando el joven de 32 años, natural de A Coruña, entraba por la puerta de su casa.

DUDOSO INFORME POLICIAL

La Policía de Siargao asegura que llevaba tres meses haciendo seguimiento a Diego, a quien señalaron como "narcotraficante de alto valor", y que su muerte se produjo en una operación antidroga: Diego supuestamente vendió droga a un agente encubierto y al darse cuenta de su error, disparó.

Según el informe policial, los agentes lo abatieron en defensa propia después de que dispara primero el joven español, que en el momento de su muerte llevaba un arma, 10 gramos de cocaína y 30.000 pesos filipinos (600 dólares) en billetes marcados.

"La versión policial no se sostiene. Dicen que llevaban tres meses siguiéndole sin aportar ninguna prueba del seguimiento ni sus vínculos con las drogas", alega Bruno, que asegura que su hermano era una persona sana y deportista -jugó en la cantera del Deportivo de La Coruña-, que nunca consumió drogas.

La última persona en ver al español con vida fue su socio en La Santa. Cerraron juntos el local poco antes de la 1 de la madrugada y se fueron a sus respectivas casas cada uno en su moto. Hicieron juntos casi todo el trayecto, hasta que Diego se desvió a su domicilio donde le esperaba su novia.

En menos de cinco minutos desde que lo perdió de vista, sin que le diera tiempo a llegar a su casa, el socio recibió una llamada de la novia de Diego: acaban de matarlo en la puerta de casa. Ella no llegó a verlo vivo, escuchó el ruido de la llave girando en la cerradura e inmediatamente después el tiroteo que lo mató.

"No hubo tiempo de que mi hermano vendiera droga a nadie ni que ocurriera toda la película que cuenta la policía", dice Bruno.

Las autopsias -una realizada en Filipinas y otra en Madrid- tampoco ratifican el relato policial, ya que revelaron que joven gallego no había consumido droga en los últimos seis meses, ni se detectó rastro alguno de pólvora en sus manos.

El cuerpo del español llegó a Madrid el 25 de enero y fue enterrado en el cementerio de Nuestra Señora de A Pastoriza, en Arteixo (A Coruña) cuatro días después.

MOTIVOS DE LA MUERTE

Venganza por no ceder a extorsiones, envidia por su éxito en los negocios, crimen pasional... Descartado el tráfico de drogas, las especulaciones sobre los motivos de su asesinato se regaron rápido por Siargao y la comunidad española en Filipinas, pero ninguna hipótesis es lo suficientemente consistente.

"Lo cierto es que no tengo ni idea de quién ni por qué mataron a mi hermano", asegura Bruno, que en estos meses ha indagado con todo el que pasó tiempo con Diego en los últimos dos años para averiguar si su hermano escondía "negocios turbios o una oscura verdad", pero nada raro ha salido a la luz.

"Lo que tengo claro es que detrás de su muerte hay alguien muy poderoso o con mucho dinero para comprar a la policía y pagar un crimen por encargo", apunta.

Los dos socios españoles de Diego en sus negocios en la isla se enteraron de que ellos también figuraban en la lista negra de la policía y huyeron asustados en las 24 horas posteriores al crimen.

Días después volaron a España y los negocios que tenían con su amigo permanecen cerrados. La novia de Diego, de nacionalidad filipina, también se trasladó a Manila por seguridad.

Sin testigos que desmientan su versión, la Policía de Siargao cerró el caso en menos de 24 horas. Pero la inconsistencia de algunas pruebas ha dado lugar a cuatro investigaciones en marcha: de la Oficina Nacional de Investigación; Departamento de Justicia, Comisión de Derechos Humanos de Filipinas y del Ministerio español de Asuntos de Exteriores.

GUERRA CONTRA LAS DROGAS

El informe policial sobre la muerte de Diego Bello se parece demasiado al de miles de filipinos que han fallecido en similares circunstancias en la cruenta guerra contra las drogas, emprendida por el presidente Rodrigo Duterte en 2016.

Un arma y unos gramos de droga son las pruebas que suelen aparecer junto a los muertos en las redadas, pero organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente -y probado en algunos casos- que son "pruebas plantadas" por la policía.

"Las circunstancias que rodean su muerte exigen una investigación independiente", señaló en enero la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que insistió en que "el argumento de la autodefensa" que la policía usó en el caso de Bello es el mismo que han usado con tantas otras muertes en la campaña antinarcóticos.

La policía admite haber matado a 6.700 sospechosos -todos se resistieron al arresto disparando a los agentes-, pero organizaciones independientes elevan la cifra a unas 27.000 ejecuciones extrajudiciales amparadas en el clima de impunidad de la campaña, dato que avala la ONU.

Hasta ahora solo se ha hecho justicia con el asesinato en agosto de 2017 de Kian de los Santos, de 17 años, por el que tres agentes fueron declarados culpables y condenados a 40 años de prisión.