La Administración judicial gallega no permanecerá 'impasible' ante el 'aluvión' de demandas de afectados por preferentes y subordinadas que esperan para a partir de septiembre, fecha en la que estará operativo un plan cerrado por Xunta, Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que se contemplan servicios comunes de tramitación y refuerzo de plantilla. Lo explicó el vocal para Galicia del CGPJ, Manuel Almenar, en una comparecencia con el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras reunirse la Comisión Mixta. Rueda y Almenar coincidieron en rechazar la decisión de Novagalicia de cerrar el proceso de arbitraje, aunque avanzaron que los juzgados gallegos garantizarán 'el derecho a tutela efectiva' de los afectados.

Este plan se perfilará en julio con la vista puesta en septiembre, cuando se esperan 'miles' de reclamaciones. Entre las medidas, Almenar aludió a la creación de servicios comunes de apoyo para 'centralizar la tramitación de procedimientos' en función del partido judicial. Inicialmente se crearán en Vigo y A Coruña, donde residían las sedes de las extintas Caixanova y Caixa Galicia y donde más se comercializaron estos productos, aunque también se dará este paso en el resto de partidos judiciales que sea 'preciso'.


BNG DE OURENSE

Por otra parte, el grupo municipal del BNG del concello de Ourense solicitó ayer al grupo de gobierno que retira sus cuentas de Novagalicia Banco en solidaridad con los afectados por las participaciones preferentes y subordinadas y que en Ourense afecta, según dice, a más de 7.000 familias.