Con cuarenta y cuatro propuestas aprobadas - todas excepto la 109, que pide a los gobiernos favorecer en los planes de retorno el acceso a la Universidad de los ciudadanos del exterior y que será replanteada - concluía este martes en Oviedo el III Pleno VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Y lo hacía entre la euforia y satisfacción de los componentes de las seis comisiones que la componen - incluida la Permanente - , que temieron que algunas de ellas no recibieran el suficiente apoyo. Se equivocaban. Incluso, una de las que generó mayor discusión entre los consejeros, la que proponía a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública la anulación de Instrucción de 5 de octubre de 2010, que permite registrar a los niños nacidos por gestación subrogada en los consulados, salió adelante por 35 votos a favor y 15 en contra.

La presidenta del consejo, Violeta Alonso, autora de esta propuesta junto a Alba Delgado, que partió de la Comisión Delegada de Jóvenes y Mujeres, explicó que esta instrucción "es contraria a la legislación vigente", ya que contradice de forma reiterada la ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. "Se viene usando desde hace ya 13 años como resquicio normativo que burla la prohibición legal de una práctica que atenta contra la dignidad de las mujeres y viola los derechos de los menores al exigir la renuncia a un derecho fundamental, como es el de la filiación materna. Dicha exigencia vulnera siempre de manera inequívoca los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos", afirmó Alonso. 

De ahí que la propuesta busque que prevalezca la ley vigente en cuanto a los criterios de acceso al Registro Civil español de los nacidos en el extranjero y que la práctica conocida como gestación por sustitución no sea tratada arbitrariamente como una técnica de reproducción asistida por una simple instrucción que contradice la ley. En definitiva, tal y como señaló la presidenta de la Comisión, Merry Ballester y otra de sus integrantes, Nuria Fraile, "se trata de evitar que existan vías para soslayar la ley vigente y de dar el mismo tratamiento legal, tanto en España como en el extranjero, a una práctica prohibida en España que convierte a los menores en objetos de transacción comercial, vulnerando su derecho a conocer su origen y afectando su dignidad e integridad moral". 

Pero aunque una amplia mayoría de los consejeros mostraron su apoyo a esta propuesta, que se debatió durante cerca de una hora, no todas las voces del CGCEE sonaron al unísono. La vulnerabilidad y el vacío legal al que se exponen los menores en el caso de que se llegara a suprimir la instrucción, fue la preocupación mas repetida por los representantes de los CREs. Fue el caso de la representante de Irlanda María Alma Uviedo, que reprochó a las proponentes que se "antepusiera la protección a las mujeres frente a la de los niños". También expusieron sus dudas Juan González, consejero general por Alemania o el representante de Francia, Juan Miguel Paz.

Sin embargo, quien mostró mayores reticencias ante la aprobación de esta medida fue el consejero general por Canadá, Pablo Ruisánchez, quien solicitó su retirada, "dado que es la que menos relación tiene con el exterior" y que la mayoría de los padres que la solicitan son españoles y "según el Código Civil, los hijos de españoles lo son de pleno derecho".

Ruisánchez recordó que reside en un país donde la gestación subrogada es legal y por tanto, aunque en España no lo sea, mientras sigan existiendo países en los que permita, "las familias españolas podrán seguir asistiendo a este tipo de prácticas". Pero, si algo preocupaba a Pablo Ruisánchez como a los escasos intervinientes que se mostraron en contra de su aprobación,  fue la discriminación que puedan sufrir los menores, ateniéndose al artículo 14 de la Constitución, que "les dejará en una situación de indefensión hasta que no haya una reclamación de paternidad judicial y esa puede durar años, y finalmente un juez español terminará determinando la filiación, dado que los estados están obligados a hacerlo", concluyó.