La Cámara Alta estrenaba esta semana la traducción simultánea al castellano de las lenguas cooficiales en sus comisiones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al titular de Cultura, Ernest Urtasun, fueron los primeros en comparecer bajo este nuevo sistema. A lo largo de la semana está previsto que otros doce miembros del ejecutivo comparezcan en las comisiones correspondientes. 

Hasta el momento, solo el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, había comparecido en diciembre ante la Comisión de Justicia, donde la falta de traducción simultánea llevó a Junts a negarse a hablar en castellano, y ERC optó por la autotraducción.

La Mesa del Congreso ha diseñado un protocolo para garantizar la traducción simultánea en comisiones de carácter público, el Pleno y la Diputación Permanente. Sin embargo, esta medida no se aplicará en la Comisión de Peticiones ni en la Comisión del Estatuto de los Diputados, que son reuniones a puerta cerrada, ni en las ponencias.

En las reuniones de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, conocida como 'comisión de secretos oficiales', y en aquellas que por previsión legal o reglamentaria sean secretas, no habrá traductores. Lo mismo ocurrirá en las reuniones preparatorias de comisiones de investigación que traten planes de trabajo.

El protocolo también señala que en reuniones internacionales solo se ofrecerá traducción entre castellano y la lengua extranjera correspondiente si la Mesa ha autorizado los gastos de interpretación. En el caso de comisiones mixtas, solo habrá traducción simultánea si la comisión se rige por el Reglamento del Congreso y la reunión se celebra en la Cámara Baja; en el Senado, no habrá traducción.

En sesiones sin traducción simultánea, el Diario de Sesiones solo recogerá las palabras en castellano. Si alguien usa una lengua cooficial y proporciona una traducción escrita al castellano, esta será incluida en la publicación oficial, con la advertencia de que la responsabilidad de la veracidad recae en el diputado que formuló la intervención.

El acuerdo, que fue rechazado por el PP y Vox, cumple con una de las condiciones de los partidos independentistas para apoyar a la presidenta de la Cámara. Los diputados que utilicen otras lenguas en reuniones sin traductores deberán autotraducirse o entregar su intervención traducida por escrito con antelación.