Este fin de semana tenemos elecciones generales y a pesar de las diferencias entre los dos bloques tenemos el deber de exigir que en aquellos puntos en los que sus programas electorales se tocan, cumplan con sus promesas.
Hay pactos de Estado que se deberían lograr sin ningún problema…a no ser que simplemente incluyan promesas que no tienen ninguna intención real de cumplir.
Durante la última semana he atendido con interés al curso de verano organizado por la Catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad de León, Aurelia Álvarez Rodríguez con el título “La ciudadanía española en el exterior: dificultades en el ejercicio de sus derechos y retos”.
Durante cuatro jornadas he podido moderar, presentar y asistir a un número de ponencias con un foco común: los emigrantes y nuestros derechos.
Hemos tenido mesas redondas sobre "Españoles por el mundo: protección consular y nacionalidad" en la que compartí espacio con representantes de la emigración de países representados en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) como Mery Ballester de Suiza, Juan Miguel Paz de Francia, Juan González Adrados de Alemania y Pablo Sabasta por Argentina, y en el que quedaron claras las muchas deficiencias que nuestras instituciones en el exterior siguen sufriendo.
En este primer debate en el que pude intervenir se mostraron las luces y las sombras del servicio consular y las aportaciones de otras instituciones en el exterior, como las consejerías de trabajo.
No es un problema de los últimos cinco, ni siquiera diez años, y hay una necesidad de incrementar plantillas y hacer frente a la creación de un servicio para una población que se ha doblado en los últimos 15 años.
Varios partidos nombran estos problemas en sus programas y aquí habría un primer pacto de Estado con tres de los cuatro principales partidos poniéndose de acuerdo.
En la segunda jornada pudimos ahondar en la sesión "Protección actual de los migrantes españoles en el exterior: luces y sombras" moderada por Dra. Dña. Aurelia Álvarez Rodríguez, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León, que fue la organizadora de este curso de verano. Junto a Violeta Alonso Peláez, presidenta del CGCEE, hablamos de “La emigración española: problemas actuales, discriminación y soluciones”, así como de los “Órganos de participación de la emigración española ante las instituciones”.
Hubiera sido bueno tener a representantes de partidos políticos escuchando nuestro análisis extenso y nuestras soluciones plausibles y fáciles de implementar.
"Las españolas en el extranjero ante la violencia de género y la violencia sexual" fue la segunda ponencia de la segunda jornada y se logró explicar en detalle muchos de los problemas que se añaden cuando la violencia machista se ejerce en el exterior, donde las mujeres que la sufren no tienen redes de apoyo que eviten o ayuden a reducir el sufrimiento. Cuando hay hijos de por medio en el exterior la violencia se perpetúa bajo amenazas que se centran en el hecho de que las mujeres son las extranjeras en los países y a la violencia vicaria se la añade otras violencias como la patrimonial… o el simple hecho de esconder sus pasaportes para evitar cualquier salida.
En este tema queda evidente que no hay ni habrá pacto de Estado, ya que los dos bloques se diferencian y parece que en el momento están en los polos opuestos.
Pero desde mi punto de vista, hay un tema que me preocupa y al que he dedicado mucho tiempo los últimos años que es el tema de nacionalidad.
Muchas veces, como un recién llegado a la materia, echo en falta tener expertos en la materia que puedan ayudarnos a entender mejor este problema que nunca se ha desenterrado y que sigue haciendo que España no ofrezca una solución que se esperan desde hace décadas.
En la última mesa debate denominada "La normativa de nacionalidad española versus ciudadanía europea: la necesaria reforma del derecho español de la nacionalidad ¿España necesita una ley de nacionalidad?" me quedó muy claro que el trabajo que llevamos haciendo 33 años en el CGCEE en materia de nacionalidad está bien encaminado y no estamos solicitando nada ilógico.
La base teórica y especialista en la materia la expusieron la Dra. Dña. Aurelia Álvarez Rodríguez, organizadora del encuentro, que estuvo acompañada por la Dra. Dña. Lerdys Saray Heredia Sánchez, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, (Alicante), Dr. D. Alfonso Ortega Giménez. profesor Titular de Derecho internacional privado de la misma universidad alicantina y la Dra. Dña. Marina Vargas Gómez-Urrutia, profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la UNED.
“La Ley de nacionalidad o cambios en el código civil en esta materia son necesarios”.
La conclusión aceptada por todos es clara y hay muchos puntos que los sustentan.
El primero de ellos es el hecho de que en las últimas décadas ha habido diferentes leyes como la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática que han corregido temporalmente al Código Civil.
La corrección siempre va en el mismo sentido y amplia la población que puede acceder a la nacionalidad española al ser descendientes.
Una ley que corrige una injusticia ha de informar y servir de primer escalón para reformar de manera permanente una injusticia, y un número de artículos del Código Civil deberían ser corregidos. Alternativamente una Ley de Nacionalidad que incluya a todos los foros afectados como somos los emigrantes, así como los inmigrantes podría ser otra opción que no puede demorarse.
En éstas elecciones tenemos dos bloques y solo hay una suma de dos partidos que asegura que cualquier propuesta salga adelante.
PSOE más PP, o PP más PSOE sumarían una mayoría absolutísima y ya que ambos llevan en el programa la promesa de una ley de nacionalidad o cambios en el código civil en materia de nacionalidad, les vamos a exigir que se cumpla.
En el resto de las políticas esperamos garrotazos, malas maneras y una guerra continua ya que sus posiciones están enfrentadas… pero en aquello que están de acuerdo, y dándonos igual el resultado electoral, exigimos pactos de Estado.