Lleno absoluto en la última jornada informativa de la Asociación de Emigrantes Gallegos Retornados del Ulla, AERU,  a los pensionistas gallegos afectados por la regularización de sus pensiones en el exterior. La plataforma está recorriendo la geografía gallega para explicar cómo afrontar el pago de las pensiones del exterior, así como para dar a conocer el período de regularización de estas pensiones, abierto hasta junio de este año.

Los retornados de la comarca del  Lérez recibieron información de primera mano sobre las cartas emitidas por Hacienda solicitando a los emigrantes la declaración de las pensiones percibidas desde el Exterior. Para alguno de ellos ésta era la primera noticia de que tenían que declarar sus pensiones o pagar una multa por los años no cotizados.  Por este motivo, había mucho nerviosismo e interés por conocer cuál es la situación de las pensiones llegadas del exterior.

Desde la Asociación de Emigrantes Retornados del Ulla-Umia se les explicó que el Gobierno ha abierto un período de regularización de las prestaciones recibidas desde fuera de España.  Este período –entre el uno de enero y el 30 de junio- permitirá a los retornados que han sido multados por el Gobierno recuperar estas sanciones, aunque se mantiene la obligación de declarar por el dinero recibido desde fuera de España desde el año 2010.

El presidente dela AERU,  Celso Domínguez, explicó a los asistentes las líneas maestras de su asociación para este 2015 y que se resumen en tres puntos:

Domínguez insistió en la idea del “doble pagador”, la necesidad de que el Gobierno reconozca una fiscalidad propia para el colectivo, de modo que las pensiones que perciben desde el exterior se sumen a las que reciben de España. La intención es que los emigrantes retornados coticen por el total de la cantidad percibida, no por el hecho de percibir dinero desde fuera de España.  De ese modo, los afectados deberían declarar por una única pensión, que, como las del resto de los españoles, tendría que cotizarse siempre y cuando se superaran los 22.000 euros anuales.

Otro de los objetivos para este año es el de conseguir el compromiso del Gobierno para reconocer los certificados de invalidez expedidos desde terceros países, de modo que las personas que regresan a España con una invalidez no tengan que “convalidarla” a su vuelta, lo que en la mayoría de los casos está suponiendo un recorte en el grado de invalidez reconocido.

Finalmente, la AERU, insistió en que la marcha atrás del Gobierno a la hora de multar a los retornados por sus pensiones del exterior se produjo como consecuencia de la movilización social del colectivo, por lo que llamaron a los afectados a “mantenerse en guardia” para defender sus derechos.