viernes, 26 de abril de 2024

DENUNCIA DE MAREA GRANATE

La Eurocámara pide explicaciones a Bélgica por la expulsión de cientos de españoles

Plenary session week 41 2013 in Strasbourg - Situation of the Roma people
Council and Commission statements
La eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que estudia las quejas de los ciudadanos, pedirá aclaraciones a las autoridades belgas sobre las órdenes de expulsión cursadas a decenas de ciudadanos de diferentes países de la Unión Europea, incluidos numerosos españoles, cuyos casos ha denunciado el colectivo 15M-Bruselas/Marea Granate.   

La presidenta de la comisión europarlamentaria, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, ha anunciado que pedirán explicaciones en este sentido al Gobierno belga tras escuchar la denuncia que les ha expuesto la ciudadana española, Sara Lafuente, portavoz del 15M-Bruselas/Marea Granate y quien remitió una queja respaldada por cinco firmantes en nombre del colectivo en abril de 2014. La Comisión de Peticiones entiende que las autoridades belgas pueden estar vulnerando los derechos a la libre circulación y de residencia dentro de la Unión Europea de los ciudadanos comunitarios.   

 "El derecho a la libre circulación es una de las libertades fundamentales de la UE, no puede violarse, somos unánimes al entenderlo así", ha subrayado Wikström, que ha confirmado que mantendrán abierta la queja a la espera de la respuesta del Gobierno belga, ha informado la Eurocámara en un comunicado.   

Lafuente ha denunciado que las órdenes de expulsión y el borrado de los datos en el censo de residentes en Bélgica se ejecutan sin permitir a los interesados defenderse y ha criticado  que el concepto de "carga no racional" que aducen las autoridades belgas no está definido de forma objetiva, algo que ha lugar a una gran discrecionalidad en las decisiones.

Además, ha cuestionado el sistema automático que aplica Bélgica de cruce de datos entre las autoridades de extranjería y los organismos locales encargados de las ayudas sociales, un control, a su juicio, exhaustivo sobre los ciudadanos de otros Estados miembros, que no respeta la igualdad de trato entre ciudadanos.