La propuesta para que se anule  la Instrucción de 5 de octubre de 2010 sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, y la del 18 de febrero de 2019, sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, que se aprobaba en el último Pleno del CGCEE, por considerarlas fraude de ley, sigue dando que hablar.

El consejero general por Canada, el asturiano residente en Toronto desde 2016, Pablo Ruisánchez, considera que a pesar de que en España no es legal la gestación subrogada, es un hecho que muchos españoles acuden a otros países donde este tipo de contratos si lo son y posteriormente inscriben a sus hijos en los registros. Por lo que, en el caso de que se atendiera la propuesta del CGCEE, sobre la que ha presentado su voto particular por estar en desacuerdo, la anulación de la Instrucción que actualmente está en vigor tendría graves consecuencias para los menores, que "en cuanto nacen tiene unos derechos y hay que protegerlos", asegura. Y es que según el Código Civil solo por ser hijo o hija de un español el menor ya sería español, y "si tuviese que quedar al albur de una sentencia judicial, desde que nazca el bebé hasta que se produzca el fallo de reconocimiento paterno, quedaría en una situación de clara vulnerabilidad", explica. 

Ruisánchez, para quien lo prioritario es la protección de los menores una vez que han nacido, sostiene que la anulación de la instrucción no disuadirá a las familias de iniciar procedimientos de gestación subrogada mientras en países como Canadá, Estados Unidos o el Reino Unido sea legal. "Al final se encontrarán con que tendrá que meterse en un el calvario judicial para poder registrar a ese bebé, pero seguirán acudieron a ellos". 

Sobre la instrucción que cuestiona el CGCEE, y que a pesar de ser miembro del mismo desconocía hasta solo unos días antes que se fuera a elevar al pleno para su aprobación, el consejero considera que "es muy específica, porque para poder registrar a los menores tiene que haber una sentencia judicial y en países como Estados Unidos o Canadá hay un control judicial de todo el proceso". Sin embargo, hay otros países  a los que también acuden los españoles a hacer gestación subrogada, como es el caso de Ucrania - antes de la invasión rusa - , y no existe esta Instrucción. Por tanto, las familias acudirán a otros destinos. "Hasta que no haya una sentencia en España el menor vendrá siendo extranjero y no tendrá los derechos de un español estando en su país", lamenta Ruisánchez. 

La gestación subrogada no es un tema que genere controversia en Canadá o en Estados Unidos. La sociedades de estos países no solo son mas individualistas, sino que sienten un gran respeto por la vida privada, y este tipo de prácticas se consideran "como algo privado, que se enmarca dentro de un acuerdo que personas adultas deciden establecer libremente", señala este astur-canadiense, aunque matiza que "eso no implica que no que haya situaciones y países en los que se pueda vulnerar los derechos de la mujer". No es  el caso de Canadá, donde está completamente regulado, incluso "hay provincias en las que el proceso clínico está costeado por la Seguridad Social, y se lo cubren a todo el mundo". De hecho, en la última Ley de presupuestos canadienses se aprobaron ayudas para las familias que decidieran ser padres a través de la gestación subrogada, "puesto que vieron que estaban dando ayudas o deducciones a otros tipos de familias o a los que accedían a la maternidad por otras vías y esta era una manera de incentivarlo", concluye. 

No opina lo mismo la presidenta del Consejo, Violeta Alonso, una de las autoras de esta iniciativa que partió de la Comisión de Mujeres y Jóvenes, enviaba en las últimas horas un comunicado a los medios insistiendo en que este órgano tiene entre otras finalidades "garantizar la efectividad del derecho de la ciudadanía española residente en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen y formular propuestas a las diferentes administraciones públicas",  y que hay derechos fundamentales "inalienables" en la Constitución como "el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad o el derecho a la integridad física y moral  que no pueden seguir siendo socavados a través de estas prácticas" - en referencia a la gestación por sustitución. 

En la misma línea de lo expresado con anterioridad, desde el CGCEE aseguran que la  Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, "es muy clara respecto a la nulidad de este tipo de contratos, declarando además esta práctica como una forma grave de violencia reproductiva sobre la que se deben tomar medidas en el ámbito de la prevención y de la persecución". De ahí que aclaren que la propuesta que se aprobó en el pleno por 35 votos a favor y 15 en contra tiene como finalidad "corregir una anomalía legal y asegurar que las prácticas registrales en los consulados españoles en el exterior cumplan con la legalidad vigente en nuestro Estado".