El adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña al próximo 12 de mayo ha ocasionado la postergación de diversas negociaciones entre el PSOE y el independentismo. Entre estos asuntos pendientes se encuentran el pacto fiscal y la posible financiación singular para la región, así como la eventual celebración de un referéndum, demandado por Junts y ERC pero rechazado por el Gobierno.

Asimismo, se pospone el traspaso de competencias en inmigración y la legislación sobre plurilingüismo, necesarios para que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales. Estos compromisos derivan de los acuerdos de investidura firmados por el PSOE con ERC y Junts para la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

De estos acuerdos y otros pactos posteriores surgen también otros temas suspendidos temporalmente, como la próxima reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Central y la Generalitat; las medidas para facilitar el retorno de empresas a Cataluña tras el proceso independentista o el reconocimiento de los derechos históricos del régimen local, entre otros.

Por otro lado, la financiación autonómica de Cataluña es un punto clave en la relación entre el PSOE y el separatismo. ERC y Junts han expresado su interés en obtener una financiación singular, incluso sugiriendo un modelo similar al cupo vasco, donde la región recaudaría el 100% de los impuestos y luego abonaría una cantidad al Estado. Sin embargo, el Gobierno se opone a esta propuesta y busca un nuevo modelo de financiación autonómica que incluya a todas las comunidades.

En cuanto al referéndum de autodeterminación, ERC y Junts no renuncian a esta opción, aunque el PSOE niega estar negociando su realización. Se han generado discrepancias sobre este tema, ya que mientras los independentistas lo consideran una prioridad, el PSOE aboga por el desarrollo del autogobierno.

Además, quedan pendientes la ley orgánica de garantía del plurilingüismo y el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña. Este último compromiso, obtenido por Junts a cambio de apoyar la convalidación de varios decretos leyes, implica asumir competencias integrales en la materia, aunque el Gobierno ha dejado claro que el control de fronteras seguirá siendo responsabilidad central.