Reino Unido y el sistema de inmigración por puntos: Hacia la criminalización de la inmigración económica
El 19 de Febrero, las principales asociaciones y grupos de españoles en Escocia nos reunimos telemáticamente con el Gobierno escocés para discutir, entre otros temas, las medidas de apoyo del ejecutivo autonómico hacia los ciudadanos europeos frente al Brexit y el proceso de registro conocido como EU settlement scheme, que es, en realidad, un proceso encubierto de solicitud de visado.
Ese mismo día, la Oficina de la Política de Inmigración de la Home Office anunciaba oficialmente a los representantes del Grupo E27 que la nueva Ley de Inmigración y Cordinación de la Seguridad Social, (Immigration and Social Security Co-ordination), entrará en vigor tras el final del periodo transitorio de salida de la Union Europea, previsiblemente en Enero de 2021. El Gobierno conservador de Boris Johnson aboga por un sistema de inmigración por puntos, similar al de países como Australia y Canada, donde los inmigrantes deberán acreditar un nivel suficiente de inglés y podrán obtener un visado siempre que puedan garantizar una oferta de trabajo con un sueldo superior a las 25.700 libras (unos 30000 euros), sueldo que actualmente no alcanzan muchos académicos ni otras profesiones “cualificadas” en el Reino Unido.
Que un país quiera garantizar el control de sus fronteras y atraer talento forma parte del ejercicio de la soberanía nacional. Sin embargo, el debate sobre la inmigración y el control de fronteras en el Reino Unido se está produciendo en un ambiente radicalizado y xenófobo, donde el gobierno de Johnson adopta el discurso de la extrema derecha ante la pasividad de los principales partidos de la oposición, a excepción de los partidos nacionalistas y los verdes. En este clima tóxico, la Secretaria de Estado Priti Patel, de ascendencia india y cuyos padres emigraron al Reino Unido en los años 60, habla de una inmigración europea “no cualificada” ligada a los trabajos más precarios y que no genera ningún valor añadido; una inmigración la que hay que parar la libre circulación para el progreso económico del país.
En primer lugar, no existe el mito de “inmigración no cualificada”. En el Reino Unido, la mayor parte de los extranjeros, comunitarios o no, que trabajan en puestos de “baja remuneración” en el sector de la hostelería, limpieza, asistencia a mayores o personas con discapacidad y muchos otros sectores en las bandas salariales más bajas, tienen estudios. De hecho, hasta estudios superiores: según las estadísticas manejadas por el Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Oxford (2019), el 56% de los trabajadores europeos en trabajos de remuneración media o baja son altamente cualificados, mientras que el 77% de los trabajadores británicos que ocupan dichos empleos no tiene estudios medios.
En segundo lugar, dentro del modelo europeo del estado del bienestar, no deberían estigmatizarse como “low paid Jobs” ciertos trabajos que encierran un componente social, como es el cuidado de nuestros ancianos, niños, menores o discapacitados. Como no debería permitirse la precarización de las condiciones laborales de los trabajos en las bandas salariales más bajas. En una sociedad basada en los principios de igualdad de oportunidades y la meritocracia, tan necesarios son quienes limpian nuestras calles como quienes dirigen un banco. Todos los trabajos, cualificados o no, deberían contar con la misma protección laboral y derechos, algo que no sucede en el Reino Unido. La Primera Ministra de Escocia Nicola Sturgeon ha advertido en numerosas ocasiones del peligro que supone construir una sociedad con una brecha salarial abismal entre las profesiones mejor remuneradas y las más bajas, el modelo Anglo-americano vigente en el Reino Unido, frente a un modelo similar al escandinavo que propone el Gobierno escocés.
Finalmente, la promulgación de los sistemas de inmigración por puntos, tanto en el Reino Unido como en el resto de los países anglosajones en donde se implanta, se justifica de acuerdo a la premisa errónea de que la inmigración económica no cualificada aumenta el gasto social del país, en particular en sectores como sanidad, educación o vivienda social. En el Reino Unido, no existe una solidad evidencia económica de que la inmigración no cualificada, comunitaria o no, contribuya a aumentar el gasto social. Más bien al contrario: de acuerdo al Observatorio para la Inmigración de la Universidad de Oxford, el 83% de los inmigrantes tienen empleo y la probabilidad de hallarse desempleados es un 4% más baja que entre los trabajadores británicos. Además, en una situación de desempleo, es más probable que un inmigrante no pida prestaciones sociales - una probabilidad del 8% más baja para ser exactos -, frente a un británico.
El sistema de inmigración por puntos que el Gobierno británico pretende instaurar tras la salida de la UE es sencillamente el actual sistema de puntos “4 tier visa system” extendido a los ciudadanos europeos, que hasta ahora habíamos estado a salvo de una política de inmigración deshumanizada y brutal. Como representante sindical del mayor sindicato académico en el Reino Unido, conozco bien las consecuencias del actual sistema de visado por puntos que impide que los trabajadores no comunitarios puedan ejercer derechos tan básicos como unirse a un sindicato o secundar una huelga, además de hacer imposible la reunificación familiar. En cierto modo, la salida de la UE es una forma de abrir los ojos a muchos europeos de lo que estaba ocurriendo realmente en el país.
La nueva Ley de Inmigración del Reino Unido, el endurecimiento de los sistemas de visado por puntos, el aumento del racismo y la xenofobia, no solo en este país sino en otros muchos del llamado “primer mundo”, llevan a criminalizar la inmigración económica, como si ésta formara parte del orden natural del universo y no consecuencia de siglos de imperalismo militar y económico.
Nadie habla del verdadero “elefante en la habitación”, como dicen los británicos, que es por qué los recién graduados españoles y de otros muchos países acaban siendo camareros baristas, cuidadores, recogedores de fruta o pinches de cocina en el Reino Unido, Alemania u otros países del norte de Europa. No porque haya nada indigno en estas últimas profesiones, que no lo hay, sino por el peligro que implica que el talento y la juventud que son el futuro de un país, tengan que inmigrar desde el Sur pobre hasta el Norte rico.
La inmigración económica desde la “Europa pobre” a la “Europa rica” es hoy consecuencia de modelos de estado fallidos, de gobiernos corruptos, pero también de claros intereses geopolíticos y económicos: tanto al Reino Unido como Alemania le viene bien un Mediterráneo y una Europa del Este desindustrializados, económicamente deprimidos e inestables, que se limiten a importar productos en el mercado único y que exporten mano de obra cualificada.
Frente a la criminalización de la inmigración económica, se necesita un gran pacto de Estado en España, por encima de intereses partidistas, que invierta a largo plazo en ciencia, tecnología e industrias de valor añadido y que permita la creación del marco laboral adecuado para que nuestros recién graduados, nuestro talento y nuestra juventud, no tenga que emigrar de modo forzoso.
Mari Cruz García Vallejo es consejera por Edimburgo en el actual Consejo de Residentes Españoles en el Reino Unido y coordinadora del grupo de trabajo del Brexit, que agrupa a las principales asociaciones españoles en el país. Mari Cruz es miembro del Movimiento Europeo en Escocia y representante sindical de University College Union (UCU).