17/01/2020
23:06 h.
El PP ha pedido la comparecencia de la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, en el Congreso para que explique la apertura de nuevas oficinas catalanas en el extranjero y responda si es "el pago de Sánchez a los independentistas".
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado en rueda de prensa en la sede del partido la iniciativa que este viernes ha registrado el grupo parlamentario popular y que pide a la ministra explicar el cambio de criterio del Gobierno sobre estas "embajadas".
Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia en junio de 2018, tras la etapa del 155, mientras que el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la apertura de tres delegaciones en Argentina, México y Túnez.
"Queremos conocer las explicaciones de la ministra de Exteriores y saber si es parte de la negociación con ERC para facilitar la investidura", ha dicho Egea, que también se ha preguntado si el Ejecutivo tiene previsto abrir más.
"El PP no va a tolerar que sea un pago de Sánchez a los independentistas. Vamos a impedir que los separatistas abran y usen estas malas embajadas para defender la ruptura de España", ha incidido.
El Gobierno ha dado el visto bueno a la apertura de tres delegaciones catalanas en Argentina, México y Túnez, ya que no tiene "ninguna objeción" al nuevo texto de los decretos de creación presentados por la Generalitat esta semana y fuentes de Exteriores han recordado que puede volver a pedir judicialmente el cierre de las delegaciones si considera que su actividad "vulnera la legalidad".
Por otra parte, el grupo parlamentario del PP también ha registrado una proposición de ley para que no puedan ser elegidos nunca todas las personas que "son fugados de la Justicia, como Puigdemont", es decir la "inelegibilidad sobrevenida".
Para ello, abogan por una modificación del artículo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que habla de las condiciones de inelegebilidad de los candidatos, el 6.2.
Éste es, por ejemplo, el que se ha aplicado recientemente a Quim Torra una vez el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le consideró autor de un delito de desobediencia.
Delito que al estar tipificado en el Código Penal como delito contra las instituciones del Estado puede conllevar la inhabilitación, así como la retirada de la credencial como electo si ya la tuviera.
El PP, con su proposición de ley, pide añadir a las causas de inelegebilidad una más: a "los declarados rebeldes en los términos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal mientras permanezcan en tal condición".
Asimismo, según consta en la iniciativa, los populares promueven que si dicha condición es atribuible a un electo antes de la entrada en vigor de su propuesta de modificación, se le aplicará la inelegibilidad igualmente, y por tanto, la Junta Electoral competente procederá a la retirada de tal condición en un plazo de diez días.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado en rueda de prensa en la sede del partido la iniciativa que este viernes ha registrado el grupo parlamentario popular y que pide a la ministra explicar el cambio de criterio del Gobierno sobre estas "embajadas".
Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia en junio de 2018, tras la etapa del 155, mientras que el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la apertura de tres delegaciones en Argentina, México y Túnez.
"Queremos conocer las explicaciones de la ministra de Exteriores y saber si es parte de la negociación con ERC para facilitar la investidura", ha dicho Egea, que también se ha preguntado si el Ejecutivo tiene previsto abrir más.
"El PP no va a tolerar que sea un pago de Sánchez a los independentistas. Vamos a impedir que los separatistas abran y usen estas malas embajadas para defender la ruptura de España", ha incidido.
El Gobierno ha dado el visto bueno a la apertura de tres delegaciones catalanas en Argentina, México y Túnez, ya que no tiene "ninguna objeción" al nuevo texto de los decretos de creación presentados por la Generalitat esta semana y fuentes de Exteriores han recordado que puede volver a pedir judicialmente el cierre de las delegaciones si considera que su actividad "vulnera la legalidad".
Por otra parte, el grupo parlamentario del PP también ha registrado una proposición de ley para que no puedan ser elegidos nunca todas las personas que "son fugados de la Justicia, como Puigdemont", es decir la "inelegibilidad sobrevenida".
Para ello, abogan por una modificación del artículo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que habla de las condiciones de inelegebilidad de los candidatos, el 6.2.
Éste es, por ejemplo, el que se ha aplicado recientemente a Quim Torra una vez el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le consideró autor de un delito de desobediencia.
Delito que al estar tipificado en el Código Penal como delito contra las instituciones del Estado puede conllevar la inhabilitación, así como la retirada de la credencial como electo si ya la tuviera.
El PP, con su proposición de ley, pide añadir a las causas de inelegebilidad una más: a "los declarados rebeldes en los términos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal mientras permanezcan en tal condición".
Asimismo, según consta en la iniciativa, los populares promueven que si dicha condición es atribuible a un electo antes de la entrada en vigor de su propuesta de modificación, se le aplicará la inelegibilidad igualmente, y por tanto, la Junta Electoral competente procederá a la retirada de tal condición en un plazo de diez días.