17/01/2020
22:51 h.
El Gobierno ha dado el visto bueno a la apertura de tres nuevas oficinas catalanas en Argentina, México y Túnez pese a las críticas del PP y Cs, que consideran que se trata de un "pago" a los independentistas por su apoyo.
La apertura de estas oficinas se ha aprobado porque la Generalitat "atendió a los requerimientos del Gobierno" de limitar su acción a actividades comerciales y culturales que no interfieren con la acción exterior de España, que es competencia exclusiva del Gobierno, ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, anterior responsable de Exteriores.
La autorización de Exteriores se llevó a cabo hace unos días, cuando aún estaba Robles encargada del Ministerio y antes de que llegara la nueva titular del mismo, Arancha González Laya.
Robles ha señalado que ella habló personalmente con la consejería de Exteriores de la Generalitat para explicar que una comunidad autónoma "no podía tener delegaciones que hicieran política exterior sino que se tenía que limitar a actividades de carácter comercial o cultural".
La consejería aceptó estas posiciones y redactó de nuevo los decretos de apertura de las oficinas "incorporando la condiciones que Exteriores consideró imprescindibles para que hubiera una línea nítida" de competencias, ha apuntado la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Para el Gobierno se trata de un mero trámite burocrático y de buena comunicación entre administraciones, ha señalado Robles.
Además, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que la apertura de estas delegaciones sirve para sacar la vida política de los tribunales.
"Desjudicializar es lo que ha pasado con las delegaciones catalanas en el exterior. Estábamos en los tribunales y ahora se ha logrado un entendimiento para que Cataluña tengan sus delegaciones en el extranjero", ha asegurado Zapatero en una entrevista en TVE.
Nada más conocer la noticia, el PP ha pedido la comparecencia de la nueva ministra en el Congreso para que explique el cambio de criterio del Gobierno sobre estas "embajadas".
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado que se trata de saber si la apertura de nuevas oficinas catalanas en el extranjero es parte de la negociación con ERC para facilitar la investidura y como tal sería "el pago de Sánchez a los independentistas".
"El PP no va a tolerar que sea un pago de Sánchez a los independentistas. Vamos a impedir que los separatistas abran y usen estas malas embajadas para defender la ruptura de España", ha incidido.
Por su parte, Ciudadanos ha presentado una proposición de ley para "garantizar la coordinación, cooperación y lealtad institucional de las comunidades autónomas en el desarrollo de la acción exterior del Estado".
Por otra parte y de forma paralela, el TSJC ha anulado el decreto que aprobó la Generalitat para reabrir las delegaciones en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.
Estas "embajadas" son las primeras que la Generalitat decidió abrir en junio de 2018, coincidiendo con la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy, responsable de que se desmantelara la red de oficinas catalanas en aplicación del artículo 155.
Dos meses más tarde, en septiembre, Borrell impulsó un recurso ante el TSCJ contra la apertura de estas oficinas por considerar que la Generalitat había incumplido la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, al no comunicar previamente al Gobierno su intención de crear delegaciones en el exterior.
La Generalitat argumentó que no había informado porque no se trataba de nuevas oficinas, sino de la reapertura de centros que habían sido cerrados a consecuencia de la aplicación del artículo 155.
Ahora, el tribunal catalán ha anulado el decreto de su reapertura y condenado a la Generalitat a pagar las costas del proceso judicial, hasta un límite de 2.000 euros.
Nada más conocer la noticia, la consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del Govern, liderada por Alfred Bosch, ha asegurado que prevé mantenerlas en funcionamiento sin atender al TSJC puesto que no están regulada por el decreto anulado sino por sendos decretos de septiembre de 2019.
Así, la propia Generalitat derogó el decreto ahora cuestionado y aprobó nuevos decretos para la creación de las citadas delegaciones.
No obstante, para el TSJC, entre el decreto de 2018 y los aprobados en septiembre pasado "no se constata diferencia sustantiva ninguna en el régimen jurídico atribuido a las seis delegaciones del Govern".
Fuentes de la conselleria, sin embargo, han argumentado que, dado que la sentencia del TSJC "se refiere a un decreto de 2018" que el Govern entiende que quedó derogado con los decretos aprobados el pasado septiembre, las delegaciones "pueden continuar en funcionamiento con total normalidad".
La apertura de estas oficinas se ha aprobado porque la Generalitat "atendió a los requerimientos del Gobierno" de limitar su acción a actividades comerciales y culturales que no interfieren con la acción exterior de España, que es competencia exclusiva del Gobierno, ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, anterior responsable de Exteriores.
La autorización de Exteriores se llevó a cabo hace unos días, cuando aún estaba Robles encargada del Ministerio y antes de que llegara la nueva titular del mismo, Arancha González Laya.
Robles ha señalado que ella habló personalmente con la consejería de Exteriores de la Generalitat para explicar que una comunidad autónoma "no podía tener delegaciones que hicieran política exterior sino que se tenía que limitar a actividades de carácter comercial o cultural".
La consejería aceptó estas posiciones y redactó de nuevo los decretos de apertura de las oficinas "incorporando la condiciones que Exteriores consideró imprescindibles para que hubiera una línea nítida" de competencias, ha apuntado la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Para el Gobierno se trata de un mero trámite burocrático y de buena comunicación entre administraciones, ha señalado Robles.
Además, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que la apertura de estas delegaciones sirve para sacar la vida política de los tribunales.
"Desjudicializar es lo que ha pasado con las delegaciones catalanas en el exterior. Estábamos en los tribunales y ahora se ha logrado un entendimiento para que Cataluña tengan sus delegaciones en el extranjero", ha asegurado Zapatero en una entrevista en TVE.
Nada más conocer la noticia, el PP ha pedido la comparecencia de la nueva ministra en el Congreso para que explique el cambio de criterio del Gobierno sobre estas "embajadas".
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado que se trata de saber si la apertura de nuevas oficinas catalanas en el extranjero es parte de la negociación con ERC para facilitar la investidura y como tal sería "el pago de Sánchez a los independentistas".
"El PP no va a tolerar que sea un pago de Sánchez a los independentistas. Vamos a impedir que los separatistas abran y usen estas malas embajadas para defender la ruptura de España", ha incidido.
Por su parte, Ciudadanos ha presentado una proposición de ley para "garantizar la coordinación, cooperación y lealtad institucional de las comunidades autónomas en el desarrollo de la acción exterior del Estado".
Por otra parte y de forma paralela, el TSJC ha anulado el decreto que aprobó la Generalitat para reabrir las delegaciones en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.
Estas "embajadas" son las primeras que la Generalitat decidió abrir en junio de 2018, coincidiendo con la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy, responsable de que se desmantelara la red de oficinas catalanas en aplicación del artículo 155.
Dos meses más tarde, en septiembre, Borrell impulsó un recurso ante el TSCJ contra la apertura de estas oficinas por considerar que la Generalitat había incumplido la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, al no comunicar previamente al Gobierno su intención de crear delegaciones en el exterior.
La Generalitat argumentó que no había informado porque no se trataba de nuevas oficinas, sino de la reapertura de centros que habían sido cerrados a consecuencia de la aplicación del artículo 155.
Ahora, el tribunal catalán ha anulado el decreto de su reapertura y condenado a la Generalitat a pagar las costas del proceso judicial, hasta un límite de 2.000 euros.
Nada más conocer la noticia, la consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del Govern, liderada por Alfred Bosch, ha asegurado que prevé mantenerlas en funcionamiento sin atender al TSJC puesto que no están regulada por el decreto anulado sino por sendos decretos de septiembre de 2019.
Así, la propia Generalitat derogó el decreto ahora cuestionado y aprobó nuevos decretos para la creación de las citadas delegaciones.
No obstante, para el TSJC, entre el decreto de 2018 y los aprobados en septiembre pasado "no se constata diferencia sustantiva ninguna en el régimen jurídico atribuido a las seis delegaciones del Govern".
Fuentes de la conselleria, sin embargo, han argumentado que, dado que la sentencia del TSJC "se refiere a un decreto de 2018" que el Govern entiende que quedó derogado con los decretos aprobados el pasado septiembre, las delegaciones "pueden continuar en funcionamiento con total normalidad".