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Gaspar Llamazares: "La situación del CGCEE y de los emigrantes españoles debe cambiar"

La Región Internacional | 21 de abril de 2019

Gaspar Llamazares, candidato de ACTÚA al Congreso de los Diputados
Gaspar Llamazares, candidato de ACTÚA al Congreso de los Diputados

Gaspar Llamazares, candidato de ACTÚA al Congreso de los Diputados, detalla las propuestas de su partido referidas a la emigración española

LRI: La reforma de la LOREG, en lo que se refiere al voto rogado, es un clamor entre los colectivos de españoles residentes en el exterior. PP y PSOE dicen que quieren eliminarlo, pero se culpan mutuamente de no llegar a un acuerdo para hacerlo. ¿Cuál es la postura de Actúa respecto al derecho de los emigrantes españoles a ejercer su derecho a voto?

Gaspar Llamazares: En el apartado de nuestro programa referido a la reforma de la reforma de la Ley Electoral, en el que abogamos por un sistema verdaderamente proporcional, proponemos la supresión del voto rogado, que impide votar al 96% de los españoles y españolas residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, y su sustitución por el sistema de voto electrónico (e-voto) mediante el cual cualquier elector censado pueda votar con su número de DNI o pasaporte en un instante desde cualquier rincón del mundo. No es de recibo el argumento de supuestas dificultades técnicas para oponerse a esta modalidad de voto, cuando este sistema ya se viene aplicando con total fiabilidad en Estonia, Estados Unidos, India, Brasil y otros países para todo tipo de elecciones; y parcialmente en Bélgica, Francia, Italia, Japón o Argentina, entre otros.

La democracia ha de ser un derecho que no se mendiga.

LRI: Otra reivindicación de los emigrantes españoles, especialmente de América, es la reforma de la llamada la 'ley de nietos', referida a la Ley de Nacionalidad que creó agravios comparativos, incluso entre hermanos, ya que en una misma familia hay hermanos que han podido acceder a la nacionalidad española y otros que no. Ocurre casi lo mismo que con lo del voto rogado. Todos dicen que sí pero los partidos no se ponen de acuerdo para solucionarlo. ¿Qué posición tiene Actúa ante ésta situación?

Gaspar Llamazares: La Ley de ciudadanía española en el extranjero fue un avance. Fui yo quien introduje en la negociación con el PSOE la necesidad de conceder la nacionalidad a los nietos sin cortapisas. Pero al final, el gobierno cedió a las presiones de los técnicos, y el Grupo Socialista consintió imponer topes de fechas y la discriminación en función de las madres que afecta a una parte de los nietos. Ya ocurrió lo mismo en la Transición, cuando nos quedamos solos en la defensa de una Ley de Nacionalidad, defendida entonces por nuestro diputado Ramón Tamames, que reconocía la doble nacionalidad a los españoles residentes en el extranjero que la solicitaran por vía consular.

Actúa se declara heredera de aquellas propuestas y las volveríamos a plantear si conseguimos representación en el Congreso de los Diputados.

LRI: Los españoles residentes en el exterior que están inscritos en el CERA han superado la barrera de los 2 millones. El voto rogado ha hecho bajar su participación en procesos electorales del 30% al 5-6% y, además, a los emigrantes no se les permite votar en las municipales. ¿Por qué? Si algún deseo tienen los emigrantes, en especial los de Europa, es volver a su localidad de origen en la que, además, casi todos tienen la casa familiar, que sigue pagando IBI, luz y agua. ¿Por qué no pueden participar votando por el diseño del futuro del pueblo al que quieren regresar al acabar su etapa de emigrantes? ¿Está de acuerdo Actúa con que un emigrante no pueda votar al alcalde de su pueblo?

Gaspar Llamazares: ¡Claro que no estamos de acuerdo! Todos los españoles han de ser iguales en derecho. Pero es que, además, el fenómeno migratorio se ha enriquecido con la expatriación reciente de decenas de miles de jóvenes, aún más vinculados al municipio del que proceden que al país de destino. Con la supresión del derecho de voto municipal, se ha empeorado incluso el voto censitario del siglo XIX, cuando solo votaban los propietarios. Los emigrantes han aportado mucho a sus municipios-recordemos las escuelas edificadas por los “indianos”- y siguen enriqueciendo a los ayuntamientos donde poseen tierras o viviendas con sus impuestos.

Lo que es inaudito es que, mediante la carrera de obstáculos y el laberinto burocrático a que más de dos millones de expatriados están sometidos por el voto implorado, sólo el 6,3% pudieron votar en las generales de 2016. El PP y el PSOE, con mi voto en contra, empeoraron el voto por correo en 2008, cuando con el sistema anterior habían votado el 31,8% de los emigrantes censados. Y para más inri, completaron la faena en 2011, suprimiendo el derecho de voto municipal. De este modo, han conseguido excluir al 17,3% del censo general de nuestro país. Los más perjudicados han sido los 456.68 emigrantes gallegos, los 117.000 asturianos o los 302.555 madrileños.  

LRI: Países como por ejemplo Italia tienen una circunscripción electoral de ultramar que elige a los representantes de la emigración ante las instituciones. Con la historia pasada y presente de la emigración española, ¿por qué no podrían tener las instituciones españolas representantes del colectivo de los emigrantes, que ya supera los 2 millones de ciudadanos?

Gaspar Llamazares: Como es bien conocido, siempre abogué por la representación de los emigrantes en el Senado como cámara territorial, a través de circunscripciones continentales. Pero mis proposiciones de reforma siempre fueron minoritarias.

LRI: La Ley de la Ciudadanía Española en el Exterior rige el funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el CGCEE. Sin embargo, los diferentes Gobiernos españoles no han cumplido la Ley, y no han recibido, como recoge la Ley, a la Comisión Permanente del CGCEE y, a pesar de ser el CGCEE solo un Consejo consultivo no se les tiene en consideración para escucharles antes de tomar decisiones de Estado en temas que afectan directamente a los emigrantes españoles. ¿Consideran desde Actúa que esta situación debe cambiar?

Gaspar Llamazares: Lo que los sucesivos gobiernos han hecho con el Consejo no tiene nombre. Recordemos que nosotros estuvimos en la base de la creación de las Juntas Consulares en estrecha colaboración con la UCD de Adolfo Suárez y con el mejor director general de Emigración que España ha tenido, el diplomático Francisco Condomines Pereña, luego purgado por haber creado las Juntas, burdamente acusadas de ser “sóviets” de participación. Pese a todo, las Juntas permanecieron y fueron la base del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Recordemos también que las Juntas son elegidas por sufragio universal de los inscritos en el CERA en cada circunscripción consular. Tienen, pues, una base democrática más amplia que otros Consejos institucionales de participación como el de la Mujer, el de la Juventud o el Consejo Económico y Social. Sin embargo, ningún gobierno ha hecho demasiado caso al Consejo General de los emigrantes, pese a las innumerables y valiosas reivindicaciones que los consejeros han elaborado en defensa de los derechos educativos, culturales, sociales y políticos de los españoles residentes en el extranjero.

Me resulta escandalosa e indigna de nuestra democracia la alergia gubernamental a reunirse con la Comisión Permanente del Consejo, haciendo oídos sordos a sus justas reivindicaciones. 

Esa situación debe cambiar. Con Actúa otro gallo cantaría.

LRI: Los colectivos de emigrantes retornados como pensionistas claman, incluso manifestándose, por el cese de la Ley 23/2006 del IRPF que les coloca en una situación diferente en cuanto a su tributación del resto de ciudadanos españoles. Han recibido multas, si bien las están empezando a devolver, por el tema de la doble tributación. Los diferentes partidos políticos les escuchan, les dan la razón, pero la Agencia Tributaria sigue yendo por libre y los persigue como si fuesen defraudadores. ¿Cómo abordaría Actúa las reclamaciones de este colectivo?

Gaspar Llamazares: El problema más grave se plantea con los pensionistas retornados de Alemania, injustamente penalizados por las medidas del gobierno del PP. El ministro Montoro ha mostrado con su actitud amenazante e inquisitorial el nulo respeto que le merecen los emigrantes retornados a España. Su interpretación interesada, distorsionada y cicatera del Convenio fiscal con Alemania ha tenido como resultado la doble imposición de los pensionistas retornados, precisamente algo que el Convenio bilateral quería evitar.

Pero además, Montoro quiso obligarles a pagar retroactivamente verdaderas fortunas por los impuestos pretendidamente adeudados a España en ejercicios anteriores, e incluso impuso el pago de multas por el retraso acumulado. Estas multas, por suerte, se están empezando ahora a devolver.

Los propios pensionistas han dado pruebas de su espíritu luchador. Se han manifestado y se han organizado en sus asociaciones de retornados, que trabajan con eficacia y generosidad. Desde Actúa estamos colaborando con el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), con cuyo secretario general me he reunido este mes de abril, y con la Asociación Pedagogía, Orientación y Apoyo al Retorno (APOYAR). 

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