Agencia EFE

El Gobierno brasileño espera que la reciente decisión de España de reconocer la adhesión de Brasil al Convenio de La Haya sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Mercantil agilice y facilite los respectivos trámites judiciales entre ambos países.

"Los trámites para la solicitud de pruebas para procesos judiciales entablados por personas o por empresas que estén en Brasil y tengan asuntos jurídicos a resolver en España serán más simples a partir de ahora", afirmó el Ministerio brasileño de Justicia y Seguridad Pública en una nota divulgada este miércoles.

De acuerdo con el Ministerio, España pasará a integrar a partir del 5 de diciembre próximo la lista de países que cooperan con Brasil en el marco de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en asuntos civiles y mercantiles, un acuerdo internacional que simplifica procesos judiciales entre los países signatarios.

Pese a que el citado Convenio fue firmado en 1970 y a que España lo ratificó en 1987, en Brasil solo entró en vigor en 2017 y la validad del mismo entre ambos países solo será posible este año, tras la publicación el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de España de la declaración de aceptación española de la adhesión brasileña al instrumento.

La entrada en vigor del acuerdo a nivel bilateral "ofrece más celeridad y efectividad a las peticiones de pruebas para procesos judiciales entre Brasil y España, ya que permite el diálogo directo de las respectivas autoridades centrales", según la nota del Ministerio de Justicia.

La autoridad central que representa a Brasil en el acuerdo es el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia, mientras que en España ese papel lo ejerce la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.

Según el Gobierno brasileño, con la entrada en vigor del acuerdo a nivel bilateral, los pedidos de comunicación de actos procesales, tales como citaciones, intimaciones y notificaciones en materia civil y mercantil, serán tramitadas de forma más ágil y fácil.

"Para asuntos jurídicos que envuelvan pensión alimenticia, sin embargo, ya existe un acuerdo internacional específico vigente entre ambos países", aclaró el Ministerio.

De acuerdo con la nota, la DRCI, en su calidad de autoridad central de Brasil para el Convenio, tendrá el papel de recibir, analizar y encaminar a España peticiones de pruebas para procesos judiciales en materia civil y mercantil, como demandas entre empresas y de asuntos familiares.

A partir de la entrada en vigor del convenio entre Brasil y España, "las peticiones de pruebas judiciales podrán ser tramitadas mediante formularios específicos ya existentes en los idiomas portugués y español, lo que facilitará la comprensión de las solicitudes", aclaró el Ministerio.