jueves, 09 de febrero de 2023

La oposición pide añadir derechos de ciudadanía en la Ley de Galleguidad

Marisol Soneira.
La Ley de Galleguidad prosiguió su trámite parlamentario con la aprobación, en comisión, de su dictamen, únicamente con los votos a favor del Grupo Popular. La oposición, por su parte, ha rechazado este texto al echar en falta que los denominados 'derechos de ciudadanía' de los gallegos en el exterior no formen parte del articulado de la futura norma. En este aspecto ha hecho hincapié la diputada socialista Marisol Soneira, quien ha lamentado que la Xunta no vea que 'la galleguidad es mucho más que un determinado centro' por mucho que éste haya jugado 'un importante papel' durante años. 'La galleguidad no puede reducirse a esto', ha incidido, antes de lamentar que 'se pierde una oportunidad histórica de tratar la emigración como un todo y atar de manera definitiva sus lazos con Galicia'.
Desde AGE, Xabier Ron ha subrayado que este proyecto normativo 'no corrige las carencias y lagunas' de la vigente Ley de Galleguidad de 1983, que constituye 'una amalgama de derechos colectivos' junto con 'alguno individual'. Tras señalar que 'el 95 por ciento' de los emigrados no forman parte de 'ningún centro o asociación', ha requerido que se introduzcan 'derechos de ciudadanía', a fin de regular aspectos como la participación política de la diáspora.
Por el BNG, su portavoz, Francisco Jorquera, también ha criticado la 'oportunidad perdida para dotar al corpus legislativo de Galicia de una auténtica ley de ciudadanía exterior', con la que no sólo se regulase el derecho de los emigrantes a 'participar en los asuntos del país' sino también se estableciesen 'los derechos de la segunda generación'. 'No sólo son mercancía política', ha advertido al PP.
Frente a ello, la parlamentaria popular Paula Prado ha resaltado, al igual que hicieron los portavoces de la oposición, el número de enmiendas de los grupos que fueron aceptadas o transaccionadas (más de 30 aportaciones), y ha señalado que se habría ido 'más allá' si estas tres formaciones 'se hubieran ceñido al objetivo de la norma' en vez de 'intentar cambiarlo'. 'Su objeto es regular las comunidades gallegas en el exterior', ha precisado.
A renglón seguido, ha justificado su negativa a incluir esos derechos individuales en que ya están recogidos en la legislación estatal. 'No rechazamos enriquecer la normativa, pero no queremos inflación legislativa. Si algo está legislado, no hay que legislar sobre lo mismo', ha esgrimido, al tiempo que ha destacado que su grupo presentó enmiendas para 'regular el retorno' porque 'no hay legislación estatal' al respecto.
Escuchado este argumento, Jorquera ha propuesto 'llevarlo al absurdo' para concluir, entonces, que 'no haría falta el Parlamento gallego habiendo legislación estatal'. Dicho esto, ha señalado que otras autonomías 'gobernadas por el Partido Popular' sí se dotaron de leyes específicas para la ciudadanía exterior.
Para Xabier Ron, 'el argumento limitativo' con el que la diputada popular 'rechaza introducir los derechos de ciudadanía' para 'no desnaturalizar' la norma 'no se sostiene'. En todo caso, a la vista de que el Estatuto de Autonomía recoge 'la colaboración social y cultural de la emigración' y este proyecto añade la 'económica', ha interpretado que 'el propósito real del PP es otro'.
En la misma línea que el nacionalista, Soneira ha señalado que 'tampoco hacen falta leyes estatales habiendo una declaración universal de derechos humanos', para, a continuación, lamentar que no haya 'consenso' en este aspecto. Porque, según sus propias palabras, 'si hay algún asunto de Estado en Galicia, es éste'.
Por su parte, Paula Prado ha reforzado su negativa a aceptar las enmiendas del PSdeG sobre derechos individuales en que son 'un corta, pega y traduce' del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, al tiempo que ha preguntado a la oposición si también quieren 'un código penal o una legislación mercantil propia para Galicia'.
Finalmente, el representante del Bloque en el debate ha puntualizado que su vota en contra del dictamen responde a que, pese a las enmiendas aceptadas, 'los aspectos básicos' que motivaron la petición de devolución del texto legal inicialmente 'siguen inalterados'.
Así, ha criticado un proyecto 'enormemente reglamentista y burocráticos' que 'adolece de visión estratégica' para 'aprovechar el potencial' de las comunidades gallegas en el exterior, con el que se podría 'crear y prestigiar la marca Galicia en el mundo'. 'Serviría para dar visibilidad a nuestra cultura y potenciar la imagen de Galicia como país diferenciado, ha finalizado.
El parlamentario de Alternativa se ha centrado en la 'mercantilización de la emigración' que, a su juicio, persigue este proyecto normativo, toda vez que su núcleo no se sitúa en los aspectos relacionados con la lengua y la cultura gallegas, sino en las relaciones económicas y comerciales.
De este modo, al igual que la formación frentista, ha valorado el trabajo realizado durante el trámite de la ponencia, pero ha subrayado que 'sirvió para poco' a la hora de 'mejorar las carencias' iniciales del texto.

la reforma electoral
Asimismo, Marisol Soneira ha lamentado el trato que reciben los emigrantes, toda vez que, tras una reforma de la Ley Electoral pactada entre PSOE y PP se 'dificultó' que pudieran ejercer su derecho al voto y, ahora, 'se les niega la posibilidad de que formen parte de un colectivo amplio que puede jugar mucho en favor de la Comunidad Autónoma de Galicia'.
'Hablamos de las propias raíces de nuestra identidad y de la proyección de Galicia en el mundo a través de un fenómeno que ha marcado nuestro carácter: la emigración', ha apelado, y ha anticipado su oposición al proyecto normativo en pleno de no modificarse. 'Por un concepto distinto de galleguidad', ha explicado.
Para cerrar el debate, la diputada compostelana del PP ha negado las acusaciones de 'mercantilización' y ha defendido que se utilicen las aportaciones de los empresarios gallegos 'repartidos por el mundo' para ayudar a la 'internacionalización' de otras compañías. 'Nosotros creemos que de O Padornelo para allá también hay vida', ha espetado.
En paralelo, ha alegado que este texto normativo da respuesta a 'una reivindicación' del pleno del Consejo de Comunidades Gallegas en el Exterior vigente desde el año 2003, por lo que modificarlo sería 'desmarcarse' su acuerdo.
De todos modos, partidaria de 'llegar a consenso', ha pedido a los grupos de la oposición que 'reconsideren' su postura 'de cara al pleno'. 'Este grupo está abierto a llegar a un acuerdo', ha finalizado.