El Consejo de Ministros acordó desclasificar los documentos archivados en la Embajada y consulados de España en Argentina referentes a varios cientos de españoles desaparecidos durante la dictadura militar en ese país, a petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La decisión, tomada en la última reunión del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, afecta también a los expedientes de las denuncias presentadas por ciudadanos españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas. La petición para que se entregara una copia de esos documentos -llamados 'legajos desaparecidos 1970-1980'- la hizo el pasado 29 de septiembre el juez Ruz, quien reactivó así el sumario abierto en 1997 en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón por delitos de genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad, entre otros. El sumario de la Audiencia Nacional oficialmente investiga la supuesta desaparición de 600 españoles, aunque se desconoce el número exacto.

En octubre pasado, el juez Ruz, con el informe favorable de la Fiscalía, ordenó al Ministerio de Exteriores y a la Embajada española en Buenos Aires que entregaran los documentos secretos sobre españoles secuestrados depositados en la legación diplomática, con el fin de continuar la investigación sobre el paradero de los españoles desaparecidos a manos de las juntas militares argentinas.

Franquismo
Por otro lado, la decisión de una jueza federal argentina de pedir a España datos sobre ministros y mandos militares durante la Guerra Civil y la dictadura franquista fue aplaudida por organismos humanitarios y por víctimas del régimen, que esperan 'lograr justicia'. La magistrada María Servini de Cubría pidió a España nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el período comprendido entre el 17 julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, en el marco de una demanda abierta en Argentina.