domingo, 03 de marzo de 2024

El Gobierno espera que voten en Euskadi los vascos que emigraron a causa de ETA

Los miembros del Gobierno, durante una reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno tiene previsto encargar un informe jurídico para modificar la Ley Electoral General con el fin de que puedan votar en Euskadi los vascos que se fueron por culpa de la banda terrorista ETA. La intención es que puedan votar en las elecciones autonómicas, generales y europeas, pero no en las municipales y forales.
Este planteamiento tiene su origen en la ponencia política que pilotó Antonio Basagoiti y que se discutió y aprobó en el XVII Congreso del PP en Sevilla.
En este texto se precisa que el final de ETA conlleve la 'restitución' los derechos políticos de miles de vascos desterrados por las consecuencias directas e indirectas de la amenaza y la extorsión del entramado etarra'.

Se alegaba en la citada ponencia que 'un País Vasco en paz y en libertad es una sociedad en la que puedan decidir su presente todos aquellos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o en la que vivieron'.

Los populares consideran que este derecho de voto debería ser restituido a las personas de las que haya una constancia objetiva de un daño o una amenaza por parte de ETA, es decir, víctimas, hijos de víctimas, personas a las que la banda intentó extorsionar, amenazó o supervivientes de atentados, entre otros.
En definitiva, sería necesario que se demostrara objetivamente que salieron de Euskadi por una acción directa o indirecta de la banda terrorista.

El argumento en el que se basan los defensores de esta propuesta es en el derecho de voto que tienen los emigrantes españoles que salieron de España por efecto de la guerra civil, sus hijos y nietos. Este precedente de una emigración forzada es el que alegan las fuentes consultadas, quienes señalan que se trataría de restablecer una normalidad democrática con las personas que tuvieron que salir de Euskadi contra su voluntad.

No obstante, añaden que el ejercicio del voto dependería de la voluntad de las personas y, en ese caso, se baraja permitirles recuperar su presencia en el País Vasco en el último domicilio que hubieran tenido a efectos de poder votar, pero no se les exige que vuelvan. Tampoco se permitiría doble voto, es decir, en el País Vasco y en su lugar actual de residencia.

La intención es que puedan ejercer este derecho en las elecciones autonómicas, generales y europeas, pero no en las forales y las municipales, tal y como ocurre ahora con el voto de los residentes ausentes. Los populares quieren que la modificación de la Ley Electoral General se pueda realizar para ser aplicada en las próximas elecciones autonómicas de Euskadi que, si no se adelantan, tendrían que celebrarse como muy tarde en marzo de 2009. Para ello, se realizará un informe jurídico previo.

En cualquier caso, aún no está decidido si será el Gobierno quien apruebe la modificación de la Ley Electoral General y después lo envíe al Parlamento o si será una propuesta del Grupo Parlamentario Popular, aunque esta última opción podría ser más rápida.

De hecho, las fuentes consultadas admiten que, aunque emprendan la reforma legal, irían bastante justos ya que el censo para las autonómicas se cierra bastante antes de la celebración de las mismas.

En cuanto a la incidencia en el censo que podría tener la posibilidad de que los vascos 'desterrados' puedan votar hay diversidad de opiniones. Hay quien piensa que puede poca incidencia y otras fuentes consultadas creen que sí podría ser un factor importante en los comicios.

Se calcula que el número de vascos que salió de Euskadi desde los años 70 es de unos 200.000. Aún se desconoce cuantos de ellos pueden demostrar que su marcha del País Vasco por razones directas o indirectas relacionadas con ETA.
Para ello sería necesario realizar un censo y además, que estos 'desterrados' tengan la voluntad de votar y lo hagan.

El Consejo de Estado ha elaborado un dictamen sobre la modificación de la Ley Electoral de Andalucía y la Ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta que aprecia 'fundamentos jurídicos' para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo que establece la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde o presidente de diputación.