sábado, 28 de enero de 2023

Castilla y León aprueba la Ley de sus ciudadanos en el exterior

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de  Castilla y León.
Ejecutivo autonómico en la presente legislatura y, a su vez, con ella se cumple con un mandato explícito reflejado en el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía', según informó el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez López.
El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó, bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera, la Ley de Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior, 'una prioridad para el El objeto del proyecto de ley, contemplado en su título preliminar, es garantizar el acceso a los derechos, que les reconoce el ordenamiento jurídico vigente, a los ciudadanos castellanos y leoneses residentes fuera de la Comunidad, facilitar su retorno y posterior integración en la sociedad de Castilla y León y regular las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y sus federaciones. El proyecto de ley consta de 35 artículos distribuidos en 5 títulos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y tres finales, indicó Santiago Juárez.

La futura ley reconoce el origen castellano y leonés a los ciudadanos que residan fuera de la Comunidad que hayan nacido en Castilla y León, o que al menos durante diez años continuados hayan residido en la Comunidad, o que sean descendientes de los anteriores. Asimismo, el proyecto de ley reconoce como castellanos y leoneses en el exterior a aquellos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Castilla y León así como a sus descendientes.
El proyecto de ley garantiza a estos ciudadanos el derecho a participar en la vida social y cultural de la Comunidad, facilitando su conocimiento de la organización territorial, funcionamiento institucional, estructura económica y social, demografía, naturaleza y cultura de Castilla y León, así como de sus valores esenciales.
Además, en el texto se recoge la garantía de su derecho a participar en la vida pública y en la vida política de Castilla y León. Por ello, los poderes públicos deben facilitar a estos ciudadanos la participación efectiva en los asuntos de Comunidad a través del ejercicio de los derechos que les correspondan en las elecciones legislativas, deben facilitar su derecho a presentar iniciativas legislativas en las Cortes de Castilla y León, el acceso al Procurador del Común o a presentar peticiones a las instituciones y Administraciones Públicas.
A su vez, el proyecto de ley reconoce el modelo de Gobierno Abierto como cauce de participación en las decisiones políticas, o en el desarrollo de iniciativas compartidas, así como instrumento de información sobre las tareas, gestión y planes de actuación del Gobierno autonómico.
El derecho a la salud, a la asistencia social y la igualdad de oportunidades de los castellanos y leoneses en el exterior también se recoge en este texto. En este punto se regula la promoción de la protección de la salud con actuaciones destinadas a mejorar las condiciones sanitarias y el acceso a la asistencia, con especial atención a las personas que se encuentren en situación de especial necesidad. A su vez, promueve el acceso de los jóvenes a los programas que favorezcan la participación activa de la juventud en la sociedad y su formación.
El proyecto de ley contempla la educación y el empleo como ámbitos de relevancia. En el texto se recoge la promoción del acceso de los castellanos y leoneses en el exterior a la educación en sus distintos niveles en su país de residencia, a la educación a distancia o a programas de formación dirigidos a facilitar su inserción laboral.
Este proyecto de ley reconoce también como comunidades castellanas y leonesas en el exterior a aquellas asociaciones legalmente reconocidas cuyos fines sean el mantenimiento de lazos culturales, sociales o identitarios con Castilla y León, sus gentes, su historia y su cultura. Las comunidades tendrán también un papel principal de fomento de la cultura y tradiciones de Castilla y León. La entrada en vigor de esta norma conllevará la creación de un registro de la ciudadanía castellana y leonesa de origen y de los ciudadanos retornados que, de manera voluntaria, quieran inscribirse.