09/02/2012
08:54 h.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado la puesta en marcha de un 'certificado' para emigrantes españoles que retornen definitivamente al país a fin de 'garantizar su seguridad jurídica' y promover su reintegración en la sociedad. En su primera comparecencia como ministra en el Congreso, Báñez ha explicado que 'el mandato de la Constitución Española es orientar la política de los emigrantes hacia su retorno' y que su gabinete pretende trabajar en esta línea.
'Vamos a establecer un certificado de emigrante retornado que facilite la reintegración social, sanitaria y laboral del español en el exterior que regrese definitivamente, garantizando así su seguridad jurídica', ha señalado. No obstante, aún no hay plazos para la creación de este documento, según fuentes de su departamento.
A preguntas de la portavoz de UpyD, Irene Lozano, sobre el 'drama' que supone la emigración de 900.000 jóvenes cualificados y la 'tragedia' de que España esté 'formando ingenieros para luego regalárselos a Alemania', la ministra ha expresado además su preocupación, ya que según ha dicho se ha formado 'a los mejor preparados' y 'están levantando otros países de la UE'. 'Eso no es un lujo que nos podamos ni nos debamos permitir como país', ha apuntado.
Inmigrantes
En cuanto a la política de Inmigración, Báñez ha puesto el acento en la necesidad de cumplir la legislación vigente, sin referirse a las modificaciones en la Ley de Extranjería anunciadas por el Partido Popular durante la campaña electoral sobre asuntos como la figura del arraigo o el visado de búsqueda de empleo.
'La situación económica actual impone que el flujo de inmigración se realice de manera ordenada y controlada, de forma que el que venga tenga un contrato laboral y/o medios económicos suficientes para llevar una vida digna. Nuestra normativa en materia de extranjería lo contempla ya así. En estos momentos es preciso asegurar el cumplimiento de las normas y ser diligentes en cuanto a la verificación del cumplimiento de los requisitos', ha sentenciado.
En este sentido, ha señalado la necesidad de ser 'igualmente celosos en cuanto a la aplicación de las normas en materia de arraigo y reagrupación familiar' ya que, a su juicio, 'en el pasado se han interpretado con excesiva laxitud'. 'Tampoco promoveremos regularizaciones masivas', ha añadido.
Integración
Báñez, que ha recordado que los extranjeros son ya el 12 por ciento de la población y registran una tasa de paro del 34,82 por ciento, ha apuntado su objetivo de lograr una inmigración 'legal, ordenada, vinculada al empleo y a la capacidad de acogida' del país, ha incidido además en que la integración de los nuevos ciudadanos debe ser 'bidireccional'.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que el Gobierno no se plantea crear un contrato único porque sería 'inconstitucional' ni tampoco incluir los 'mini-jobs' en la reforma laboral, pero va a trabajar para dar un mayor uso al contrato estable a tiempo parcial con una remuneración 'razonable' para fomentar la contratación de los jóvenes.
Así pues, ha señalado que 'no va a haber un contrato único en la reforma laboral porque es inconstitucional', ya que en España el despido es causal y porque también lo impiden los compromisos de España con la normativa y la carta de los derechos fundamentales de la UE, así como con lo que dicta la Organización Internacional del trabajo (OIT). Asimismo, se ha opuesto a que, en línea con los 'mini-jobs', un joven pueda trabajar a jornada completa por 400 euros, porque en esas condiciones no se puede cobrar menos del salario mínimo interprofesional, situado en 641 euros al mes.
Si bien, se ha mostrado a favor de que los jóvenes tengan 'contratos de varias horas de forma estable con sueldos razonables'. 'Tenemos figuras que no funcionan y no vamos a cambiar la legislación para hacer más precarios los contratos de los jóvenes', ha añadido.
Competencias de las comunidades autónomas
Otro de los temas que ha salido a colación son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya que si bien dependen del Ministerio del Interior, tanto Estévez como el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, se han interesado por saber cuándo se elaborará el anunciado Reglamento para regirlos. La ministra ha recordado que no son suyas las competencias en esta materia, porque los CIE 'se enmarcan en la lucha contra la inmigración irregular' y dan respuesta a la 'medida cautelar' de internamiento, aunque ha expresado su disposición a trabajar con Interior 'en todo caso' para que el Reglamento 'se haga siempre de forma razonable'.
En cuanto a los menores no acompañados, ha expresado su preocupación por este asunto y ha apuntado que si bien las competencias son de las comunidades autónomas, 'el Gobierno de la Nación no ha hecho nada más que ayudar en esta tarea, porque han sido muchos los menores que han llegado' a España y 'se ha atendido de forma prioritaria' a las zonas que más recibían, como Canarias o Ceuta y Melilla. 'Nosotros lo vamos a seguir haciendo', ha apuntado. Por su parte, CiU ha anunciado que presentará 'varias iniciativas', sobre los temas discutidos.
'Vamos a establecer un certificado de emigrante retornado que facilite la reintegración social, sanitaria y laboral del español en el exterior que regrese definitivamente, garantizando así su seguridad jurídica', ha señalado. No obstante, aún no hay plazos para la creación de este documento, según fuentes de su departamento.
A preguntas de la portavoz de UpyD, Irene Lozano, sobre el 'drama' que supone la emigración de 900.000 jóvenes cualificados y la 'tragedia' de que España esté 'formando ingenieros para luego regalárselos a Alemania', la ministra ha expresado además su preocupación, ya que según ha dicho se ha formado 'a los mejor preparados' y 'están levantando otros países de la UE'. 'Eso no es un lujo que nos podamos ni nos debamos permitir como país', ha apuntado.
Inmigrantes
En cuanto a la política de Inmigración, Báñez ha puesto el acento en la necesidad de cumplir la legislación vigente, sin referirse a las modificaciones en la Ley de Extranjería anunciadas por el Partido Popular durante la campaña electoral sobre asuntos como la figura del arraigo o el visado de búsqueda de empleo.
'La situación económica actual impone que el flujo de inmigración se realice de manera ordenada y controlada, de forma que el que venga tenga un contrato laboral y/o medios económicos suficientes para llevar una vida digna. Nuestra normativa en materia de extranjería lo contempla ya así. En estos momentos es preciso asegurar el cumplimiento de las normas y ser diligentes en cuanto a la verificación del cumplimiento de los requisitos', ha sentenciado.
En este sentido, ha señalado la necesidad de ser 'igualmente celosos en cuanto a la aplicación de las normas en materia de arraigo y reagrupación familiar' ya que, a su juicio, 'en el pasado se han interpretado con excesiva laxitud'. 'Tampoco promoveremos regularizaciones masivas', ha añadido.
Integración
Báñez, que ha recordado que los extranjeros son ya el 12 por ciento de la población y registran una tasa de paro del 34,82 por ciento, ha apuntado su objetivo de lograr una inmigración 'legal, ordenada, vinculada al empleo y a la capacidad de acogida' del país, ha incidido además en que la integración de los nuevos ciudadanos debe ser 'bidireccional'.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que el Gobierno no se plantea crear un contrato único porque sería 'inconstitucional' ni tampoco incluir los 'mini-jobs' en la reforma laboral, pero va a trabajar para dar un mayor uso al contrato estable a tiempo parcial con una remuneración 'razonable' para fomentar la contratación de los jóvenes.
Así pues, ha señalado que 'no va a haber un contrato único en la reforma laboral porque es inconstitucional', ya que en España el despido es causal y porque también lo impiden los compromisos de España con la normativa y la carta de los derechos fundamentales de la UE, así como con lo que dicta la Organización Internacional del trabajo (OIT). Asimismo, se ha opuesto a que, en línea con los 'mini-jobs', un joven pueda trabajar a jornada completa por 400 euros, porque en esas condiciones no se puede cobrar menos del salario mínimo interprofesional, situado en 641 euros al mes.
Si bien, se ha mostrado a favor de que los jóvenes tengan 'contratos de varias horas de forma estable con sueldos razonables'. 'Tenemos figuras que no funcionan y no vamos a cambiar la legislación para hacer más precarios los contratos de los jóvenes', ha añadido.
Competencias de las comunidades autónomas
Otro de los temas que ha salido a colación son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya que si bien dependen del Ministerio del Interior, tanto Estévez como el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, se han interesado por saber cuándo se elaborará el anunciado Reglamento para regirlos. La ministra ha recordado que no son suyas las competencias en esta materia, porque los CIE 'se enmarcan en la lucha contra la inmigración irregular' y dan respuesta a la 'medida cautelar' de internamiento, aunque ha expresado su disposición a trabajar con Interior 'en todo caso' para que el Reglamento 'se haga siempre de forma razonable'.
En cuanto a los menores no acompañados, ha expresado su preocupación por este asunto y ha apuntado que si bien las competencias son de las comunidades autónomas, 'el Gobierno de la Nación no ha hecho nada más que ayudar en esta tarea, porque han sido muchos los menores que han llegado' a España y 'se ha atendido de forma prioritaria' a las zonas que más recibían, como Canarias o Ceuta y Melilla. 'Nosotros lo vamos a seguir haciendo', ha apuntado. Por su parte, CiU ha anunciado que presentará 'varias iniciativas', sobre los temas discutidos.