Navarra colabora con Estonia, Bulgaria e Irlanda en un proyecto para profundizar en la perspectiva rural de la legislación. El proyecto, que cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros, ha sido presentado a la última convocatoria del programa Interreg Europe, que comparte las propuestas extraídas del llamado Mecanismo Rural de Garantía, un programa que ha permitido identificar y proponer modificaciones en la legislación actual con el fin de impulsar el desarrollo de las zonas rurales.

Las seis organizaciones públicas y privadas internacionales asociadas a la Dirección General de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra en este proyecto son: la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Cives Mundi de Soria; la Asociación “Centro de Sostenibilidad y Crecimiento Económico” de Bulgaria; el Ministerio de Asuntos Rurales de Estonia; la Unión de Municipios del Condado de Tartu en Estonia; el Consejo del Condado de Galway en Irlanda; y el Municipio de Bratsigovo en Bulgaria.

El presupuesto total del proyecto asciende a 1.757.194 euros, de los que el Gobierno de Navarra aportaría 339.320 euros. En caso de ser aprobado el proyecto y recibir la subvención, que financia un máximo del 80% del importe, el Gobierno de Navarra finalmente abonaría 67.860 euros.

Detalles del proyecto

El proyecto, cuyo nombre es “Rural Proofing. Cooperación para una mejor gobernanza con enfoque rural”, fomentará la cooperación y el intercambio interregional entre las seis organizaciones para mejorar las capacidades de sus gobiernos para el co-diseño y la evaluación del impacto que tienen en las zonas rurales las políticas aprobadas por los órganos legislativos. Con ese propósito, se procederá a la creación de una caja de herramientas que contribuya a disminuir las desigualdades regionales y que garantice los derechos de los y las ciudadanas que viven en zonas rurales y costeras, contribuyendo así a corregir las disparidades económicas, sociales, de seguridad y territoriales. 

Como se apunta en la narrativa del proyecto, “la legislación se suele hacer pensando en los centros urbanos, simplemente porque allí vive más gente y porque es donde también se centralizan los centros de poder. Esta legislación a veces es discriminatoria y no tiene en cuenta los territorios rurales. Además, la gobernanza es descoordinada: las normativas se superponen, generando políticas sectoriales, incoherentes e ineficientes desde el punto de vista de la gestión, que se siguen haciendo a distancia y sin conocimiento del territorio y sin una adaptación a las necesidades y recursos de las zonas rurales”.

El proyecto propone el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias entre los distintos socios del mismo, para mejorar los procesos de gobernanza aprovechando nuevas formas de innovación social que permitan la creación de una caja de herramientas adaptada a cada región (Rural Proofing) que revise el impacto en las zonas rurales de la legislación, políticas sectoriales, sociales y económicas y que proponga una metodología SMART e innovadora que permita revisar sistemáticamente las políticas pertinentes con un enfoque rural antes de que estas sean aprobadas e implementadas. 

De esta forma el proyecto contribuirá a disminuir las desigualdades regionales y que garantizará los derechos de los ciudadanos que viven en zonas rurales y costeras, contribuyendo así a corregir las disparidades económicas, sociales, de seguridad y territoriales.

71 propuestas diseñadas por los 100 expertos

Este proyecto presentado a la convocatoria del programa Interreg Europa supone la continuación del trabajo realizado por el G100, un grupo de 50 hombres y 50 mujeres que, después de varios meses de trabajo, presentó el pasado mes de enero, 71 propuestas para conseguir una legislación que incluya la perspectiva rural en materias como envejecimiento activo, vivienda, formación profesional o emprendimiento.  

El Mecanismo Rural de Garantía es un proyecto pionero a nivel estatal, puesto en marcha en 2021 por el Gobierno de Navarra, con el objetivo de identificar y proponer modificaciones en la legislación actual que impulsen el desarrollo de las zonas rurales. Con este propósito se creó un grupo de 100 personas (G100), 50 mujeres y 50 hombres, expertas en diferentes ámbitos que, a través de grupos de trabajo, recabaron y analizaron un conjunto de casos prácticos de catorce temáticas, agrupadas en 5 grandes bloques: servicios rurales de calidad, infraestructuras rurales, economías rurales, entorno rural, y legislación.