El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha contestado a las críticas vertidas por distintas instituciones nacionales y europeas, la Iglesia y más de un centenar de ONG sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente que si le facilitan "una dirección" donde a "esa pobre gente" se les vaya a dar "manutención y trabajo", les envía para allá.

"Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía", ha dicho en una entrevista en relación a los migrantes que malviven en el monte Gurugú, frente a la frontera de Melilla.

Fernández Díaz respondía así sobre las denuncias reiteradas contra la devolución sobre la marcha a Marruecos de los migrantes que sean interceptados saltando las vallas de Ceuta o Melilla, práctica que se legalizará mediante una reforma de la Ley de Extranjería introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que el Congreso va a enviar este jueves al Senado para seguir su tramitación.

"Desde despachos del Norte de Europa que no tienen este problema, desde el centro de Europa o desde otros lugares que dan lecciones de humanitarismo yo les diría que me den esa dirección y que enviamos a esta gente, eso sí, con el compromiso de que les van a mantener y que les van a dar un puesto de trabajo adecuado a su dignidad y a sus competencias", ha reiterado Fernández Díaz.

En su opinión, "hay mucha hipocresía". "Si el problema se resolviera cogiendo a esa pobre gente que está en el Gurugú delante del perímetro fronterizo de Melilla o fuéramos a Ceuta y cogiéramos a los miles de personas inmigrantes ilegales y los metiéramos en España y así arreglásemos el problema, le aseguro que yo lo hacía mañana", ha asegurado.

Sin embargo, según ha dicho, "el problema es que el efecto llamada sería de tal magnitud que centernares de miles de inmigrantes que buscan un mejor futuro que el que tienen en sus países de origen vendrían" y España "tiene la capacidad de acogida que tiene".

"Yo comprendo esos dramas humanitarios, cómo no los voy a comprender, pero no acepto que nadie se considere que tiene unos sentimientos humanitarios superiores a mi, y tampoco inferiores. No acepto lecciones de humanitarismo por parte de nadie", ha zanjado.

Se reafirma en el Congreso

Horas después, preguntado por sus declaraciones en los pasillos del Congreso, el ministro se ha reafirmado en sus palabras y ha centrado el mensaje en "esas personas y esas instituciones que dan lecciones de Derechos Humanos continuamente, muchos de ellos desde despachos de Europa". "Les digo que estaremos encantados (...) les enviaremos con toda rapidez a esas personas porque tenemos los mismos sentimientos que ellos de que esas personas puedan ver cumplidos sus derechos", ha apuntado.

Además, les ha retado para que "en lugar de criticar permanentemente, aporten soluciones y que esa solidaridad la manifiesten con los hechos". "Que digan a cuántas de esas personas están dispuestos a acoger comprometiéndose a darles un puesto de trabajo adecuado y que las van a mantener y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones", ha zanjado.

Para el ministro, "hay algunas instituciones y organizaciones que se arrogan el derecho a criticar a los demás y ponerse en la posición de buenos y los demás los malos". "La Guardia Civil y el Gobierno no somos los malos en esta película. Todos comprendemos el drama de estas personas que se ven abocadas a la emigración", ha asegurado.

"No hay alternativas"

Previamente, el ministro había insistido en "negar el concepto de devolución en caliente" y ha asegurado que en las ciudades autónomas, "lugares que no tienen comparación posible con otras zonas de España y de Europa", el objetivo es "simplemente, algo tan elemental y tan complejo allí como es intentar impedir que se entre ilegalmente" en España.

"Diría que si alguien tiene una solución distinta de la que nosotros proponemos para cumplir lo que dice la ley, que a España hay que entrar legalmente por los pasos fronterizos habilitados al efecto y no ilegalmente ni masivamente y en no pocas ocasiones violentamente; si alguien tiene una fórmula distinta de operar a como lo hace la Guardia Civil que nos lo diga. Hasta ahora nadie ha sido capaz de decírnoslo", ha asegurado.

Además, ha defendido que el objetivo es "garantizar la inviolabilidad de las fronteras" algo a lo que España tiene "el derecho y el deber" y "un plus de responsabilidad" por ser también frontera exterior de la Unión Europea. "Las fronteras delimitan el territorio y el territorio va intimamente unido a la idea de soberania. Tenemos el derecho y el deber de defender nuestra soberanía"