La Consejería de Bienestar Social y Ciudadanía de la Generalitat catalana presentará próximamente un proyecto de retorno voluntario para inmigrantes residentes en Cataluña para que vuelvan a sus países de origen a trabajar para empresas catalanas 'que tengan o quieran tener sede' en los respectivos países.
Según ha explicado en comisión parlamentaria el director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, este programa busca contribuir a la economía productiva de estos países, a la vez que incentivar el retorno voluntario de los inmigrantes. El plan está dirigido a los inmigrantes medianamente cualificados que residen en entornos socioeconómicos desfavorecidos de Cataluña, y en él participarán la Generalitat, empresas privadas, inmigrantes y asociaciones profesionales y de inmigrantes.

Especialmente, el Gobierno catalán incidirá en los inmigrantes con un perfil más emprendedor, que ahora residen en entornos donde no pueden desarrollar esta capacidad, y que están interesados en regresar a sus hogares 'no como un fracaso, sino como un proyecto de éxito'.

Este plan, que no tiene fecha concreta, se desplegará a lo largo de esta legislatura en el marco de las medidas del Plan de Ciudadanía e Inmigración 2009-2012, y no comportará ningún incremento presupuestario, porque se desplegará con 'medios internos' de la propia Administración.

Bosch ha anunciado también que se aplazará la creación de la Agencia de las Migraciones de Cataluña; que el Reglamento de servicios de primera acogida ya tiene una propuesta redactada, por lo que está pendiente de 'algunos retoques' para salir a la luz, y que a partir del 1 de julio el Gobierno empezará a emitir informes de arraigo de los inmigrantes, al tener traspasada la competencia desde el Gobierno.

Frente a la exigencia del diputado de EUiA Jordi Miralles de que Bosch dimita por la actitud de CiU de facilitar el acceso a la alcaldía del Badalona a Xavier Albiol --con un discurso vinculado a la inmigración--, Bosch ha replicado manifestando su apoyo al candidato de CiU en el municipio, Ferran Falcó, para que siga trabajando en una 'línea contundente' desde la oposición.

Sobre la Ley �?mnibus --que pedirá a los inmigrantes seis meses de empadronamiento para acceder a la sanidad-- y las ayudas a familias con hijos a cargo --que también pedirán cinco años de residencia--, Bosch ha replicado que son medidas destinadas a combatir el fraude y la picaresca 'y no hay ninguna intención de que afecten a la población inmigrada'.

En relación a la eventual exigencia del conocimiento del catalán como requisito para expedir el certificado de integración, Bosch ha contestado que el arraigo debe estar vinculado con el aprendizaje del catalán y del castellano: 'Defendemos la integración a partir del eje nacional y el catalán es la lengua de acogida'.