Sospechas, escándalos y promesas incumplidas. Esos son los tres ingredientes principales que han alimentado el derecho al voto de los emigrantes desde que, en 1976, con una democracia incipiente, un joven Adolfo Suárez otorgara a los españoles del exterior la oportunidad de participar en el referéndum sobre la Ley de la Reforma Política.
Más de cuatro décadas después, una abstención que roza el 99 por ciento y una voluntad política más bien ausente para poner freno a esta situación, parecen estar a punto de escribir el capítulo final para este anhelado y disputado sufragio, en otros tiempos oscuro objeto del deseo de los distintos partidos, sobre todo, el del otro lado del Atlántico.
La reforma de la Loreg en 2011, que impuso el voto rogado para las elecciones autonómicas, europeas y generales y que lo eliminó para las municipales, no fue más que el inicio de un desplome demasiado previsible. Los comicios a las alcaldías ya habían dejado suficientes pistas para reconocerse en el espejo: la obligatoriedad de tener que pedir el voto, impuesta unos años atrás en la cita municipal, bajó la participación en Galicia de un 16 por ciento en 1999, hasta un escaso 6 por ciento en las últimas permitidas.
El resultado del pasado 12 de julio no hace más que confirmar la tendencia al desplome iniciada hace nueve años: la participación apenas supera el 1 por ciento frente al 30 por ciento de 2009, y el peso de un censo que supone el 17 por ciento del total se ha vuelto ligero, demasiado ligero para los emigrantes.
Promesas incumplidas legislatura tras legislatura, que no hacen más que aumentar la frustración de los emigrantes
Pero, ¿por qué se llevó a cabo esta reforma aprobada por los principales partidos, los mismos que ahora muestran un arrepentimiento que aún no se ha convertido en derogación, a pesar de promesas y acuerdos, como el alcanzado a principios de este año en el Senado? Por transparencia y por ofrecer unas garantías plenas de legalidad sobre un voto lleno de sospechas. Pero a la vista de lo acontecido este domingo, con sacas de documentación sin repartir y con infinitos obstáculos para poder ejercer el derecho que recoge la Constitución, el objetivo ha quedado muy lejos de ser cumplido. ¿Alguien tomará alguna medida?
Es cierto que el incremento automático del Censo de Residentes Ausentes, aprobado por Felipe González en 1995, por el cual todos los inscritos en los registros consulares pasaban a ser electores de pleno derecho sin necesidad de trámite alguno, no ofrecía las suficientes garantías sobre la legalidad de la papeleta, al no exigirse comprobación alguna sobre la identidad del votante. (No será hasta 2009 cuando se pida la fotocopia de un documento que se suponía servía como fé de vida del elector. Medida cuestionable y cuestionada por su efectividad y su legalidad).
Ese incremento - en Galicia pasó a suponer un 12,67 por ciento del censo total en 2009 a un 17,7 por ciento en este 2020- volvió el sufragio de la diáspora aún más codiciado, al tiempo que las sospechas de fraude fueron en aumento. En 2005, el año en el que Fraga perdió la mayoría absoluta, ya antes de la noche electoral, el propio PP presentó un escrito ante la Junta Electoral solicitando interventores para vigilar el voto del exterior desde su llegada al aeropuerto de Barajas hasta su envío a las juntas electorales provinciales. De nuevo la sospecha.
Los escándalos llegaron con los llamados “recaudadores de votos”, con los sufragios de personas fallecidas que se contabilizaban como válidos y con la posible compra de sacas llenas de papeletas. El voto del exterior parece que nunca conseguirá sacudirse la etiqueta de fraude. Pero eso no fue nunca impedimento para que los políticos de todos los signos cruzasen el Atlántico. Todos mezclaron actos políticos con actos institucionales, eran candidatos y presidentes o vicepresidentes al mismo tiempo. En 2005, Fraga (PP) congregó en Buenos Aires a 10.000 personas; Touriño (PSdeG) no logró esta cifra pero sí una entrevista televisada por un canal argentino y Anxo Quintana (BNG) recorrió las dos orillas del Río de la Plata. Núñez Feijóo también recaló en 2009 en el continente para pedir el voto con la imagen de Fraga muy presente.
El presidente Kirchner, Hugo Chávez, el entonces alcalde Macri y hasta el mismo Fidel Castro recibían con honores a los candidatos gallegos. Los residentes en el resto de Europa siempre se han sentido algo olvidados, pero había 365.190 razones en América, frente a 93.685 europeas, que justificaban esos desembarcos.
Pero eso ya se ha perdido en el tiempo. Lo mismo que las promesas de una circunscripción electoral por la emigración, con varios diputados; senadores por la emigración; votos en urna o derogación de una ley injusta. Promesas incumplidas legislatura tras legislatura que no hacen más que aumentar la frustración de una emigración que se siente olvidada y maltratada y con un derecho constitucional deformado, a punto de hacerse completamente invisible. Tal vez como hace más de cuatro décadas.