"A onde imos chegar? Temos unha idade. Todos maiores de 70 anos e temos que andar nós pola rúa para que os nosos fillos non teñan o problema que temos cando volvan da emigración, que os mozos están marchando polos cinco continentes". Habla Luis Quintas, presidente de la plataforma de emigrantes retornados de la provincia. Una vez más, los afectados por el conflicto con Hacienda se han manifestado. Son pensionistas y retornados: una doble condición que les sitúa en una tesitura con Hacienda: "Botamos a vida no estranxeiro, chegamos aquí coa idea de descansar e levantámonos con Facenda na porta da casa para 'sablearnos'. Non o podemos permitir. Hai que saír á rúa". Piden el cese de la Lei 23/2006 del IRPF que obliga a este colectivo a mayores cargas tributarias que el resto. Incluso han sido objeto de multas. Quieren "igualdad" y "pensiones justas".
José Benito Cid es uno de los afectados por esta ley. Después de 14 años trabajando como portero en un hotel de Suiza, lo que le queda es el hastío. "Os políticos fan o que lle dan a gana, non fan caso. E non foi por non protestar. Menos mal que devolveron o das multas", dice. También es otro afectado por las circunstancias que comenta Quintas: jubilados saliendo a las calles. "Eu vivo na aldea, en Baños de Molgas. Non podo vir a tódalas manifestacións cada pouco tempo. Cantos emigrantes seremos en Ourense e comarca? Máis de 10.000? Tiñamos que facer forza e xuntarnos todos", se lamenta este retornado.
El matrimonio formado por Celsa Losada y Antonio Rodríguez estuvo trabajando 34 años en Alemania. "Alí portábanse mellor que aquí", dice la mujer. "Sácannos moito, alí e aquí. A ver se non nos sacaran tanto. Non estamos para estas cousas", reivindica el hombre.
"Somos emigrantes, non defraudadores. Somos emigrantes, somos os mellores. Se colgaran os chourizos, non habería tanto ladrón. Non se matarían tanto, por sentarse no sillón": los cánticos que llevaron hasta la sede de Hacienda.
Manifestación en Santiago de Compostela
La Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados se había manifestado por las calles de Santiago de Compostela para reclamar a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales en Galicia defiendan sus reivindicaciones y acaben “con el trato discriminatorio” a los pensionistas retornados. “Queremos que nos digan claramente quién nos apoya y quién no, merecemos saberlo”, ha apuntado en declaraciones a la prensa el portavoz de la coordinadora, Xosé Lois Leirós, quien ha lamentado que todas las formaciones políticas les trasladan su apoyo “pero eso sí, que legislen ya es otra cosa”.
La manifestación, que ha reunido a unas 400 personas, comenzó al filo del mediodía en la Praza de Praterías y, tras recorrer el Casco Histórico compostelano, se ha dirigido al Parlamento de Galicia, donde la coordinadora ha presentado un escrito en el que exigen a los diferentes partidos políticos que clarifiquen su posición con respecto a sus demandas.
“Exigimos la derogación de la Ley de Regularización que hizo Montoro en su día, ya que es ilegal, discriminatoria y va contra los derechos de los pensionistas y jubilados; los retornados tenemos que declarar el IRPF a partir de los 12.000 euros anuales, mientras que los demás lo hacen a partir de los 22.000”, ha señalado Leirós.
En la movilización también han participado representantes de la Asociación de Marineros Long Hope, de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG), el único partido que, según el portavoz, les ha apoyado “desde el primer día” con iniciativas parlamentarias “en Galicia, Madrid y Bruselas”.
“El PSOE, Podemos y En Marea pudieron cambiar estas leyes en los últimos meses, tuvieron la oportunidad pero no se atrevieron, nos vendieron”, ha denunciado Leirós, quien ha recordado que, en los seis años que llevan realizando sus reivindicaciones, nunca fueron recibidos por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
La Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados, formada por veinte plataformas organizadas a nivel comarcal, recogen reivindicaciones que, según sus cálculos, afectan “al menos” a 250.000 gallegos, tanto jubilados como pensionistas de otro tipo, como aquellos que reciben una ayuda por discapacidad.
“Todos los partidos dicen que nos apoyan, que entienden nuestro problema y que existe una discriminación clara por parte del Gobierno central; ahora sólo falta que haya un cambio de legislación“, ha zanjado Leirós, quien espera que la campaña electoral que comienza hoy ponga fin a sus seis años de movilizaciones.