Perea Díaz - Agencia EFE

La diáspora latinoamericana lucha por salir adelante en España, como Elida Galeano y Mercedes Solorzano, dos mujeres inmigrantes afincadas en Madrid que necesitan de organizaciones de servicio social para sobrevivir.

En España la tasa de pobreza severa para personas que proceden de países exteriores a la Unión Europea (UE) es de 26,4 % según el último informe de European Anti Poverty Network (EAPN), y un total de 12,5 millones de personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Elida Galeano, de 50 años y su hija menor de trece, llegaron a España hace dos años y medio desde Paraguay con "una mochila cargada de ilusiones", poco después estalló una pandemia que tornó su búsqueda laboral más complicada y las llevó a una situación precaria.

Elida, que actualmente recibe ayuda económica y alimentaria de Cáritas, huyó de su país ya que sufría violencia de género a manos de su marido, y con el poco dinero que pudieron prestarle amigos y familiares pagó unos billetes de avión hasta España para ella y su hija, cuenta a Efe.

"Yo pedí asilo y protección. Como traje a mi hija menor conmigo tenía miedo de que su padre me denunciara", afirma.

Ella llegó a Madrid "cargada de sueños para su futuro", quería estudiar y trabajar, pero se encontró una realidad inimaginable, no encontraba trabajo y tampoco tenían un hogar. "Los primeros meses los pasé llorando y queriendo volver otra vez a mi país", afirma.

Tiempo después consiguió un empleo como interna en una casa, pero llegó la pandemia y la estabilidad que había conseguido se esfumó. La precariedad laboral creció durante la crisis y solicitó ayuda a Cáritas.

Mientras no encontraba trabajo, se formó para poder trabajar con personas dependientes, con un curso de formación sociosanitaria, ahora está haciendo prácticas y espera seguir saliendo adelante con su hija. "Con la ayuda de dios, vamos remando", dice.

La pandemia exacerbó la situación de exclusión de la población inmigrante, que llega al 64,6 % de la misma, y un 37,5 % sufre exclusión severa, según el informe de Análisis y Perspectivas de Cáritas.

El perfil de las personas que acuden a Cáritas está cambiando; "vienen familias dónde ambos miembros de la pareja estaban trabajando y podían cubrir los gastos que tenían. Ahora por la pandemia no pueden", asegura Sergio Barciela, responsable de inmigración de Cáritas.

Es el caso de Mercedes Solorzano llegó a España hace casi veinte años, cuando tenía apenas 25 en busca de una nueva vida que en Ecuador no podía conseguir. Comenzó como trabajadora interna, cuidando de una persona mayor, tras cuatro años obtuvo la documentación de su residencia y su permiso de trabajo, por lo que todo se tornaba más fácil, pero no fue así.

Trabajó como empleada interna de casa en casa durante los siguientes años. Estos últimos cuatro consiguió empleo en una fábrica, pero como a muchos residentes en España a Mercedes le afectó la pandemia y perdió su trabajo.

"Fui una de las primeras que cayó en la pandemia" afirma, y también lo hizo su esposo por lo que estuvieron sin empleo gran parte de la crisis sanitaria.

"Antes a nosotros no nos faltaba un yogur en la nevera", detalla Mercedes, pero con la pandemia, ella y su familia también tienen que pedir ayuda a organizaciones sociales para salir adelante.

Recientemente su marido encontró trabajo y ya no necesitan "tanta ayuda para salir adelante" y añade, "hablé con Cáritas para que ayudaran a otros porque sabía que había personas en peor situación que nosotros".

Elida y Mercedes forman parte de un porcentaje de personas que necesitan ayuda externa para poder cubrir lo más básico de la cesta de la compra, el alquiler o los medicamentos, ya que el impacto de la covid-19 aumentó el desempleo en la población inmigrante al 23,75%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que la media nacional está en torno al 15 % .