martes, 07 de diciembre de 2021

IU Exterior aplaude las mejoras del Gobierno español para trabajadoras desplazadas y pide reciprocidad para evitar casos como el de las ETT en Holanda

Consejo de ministros web
Consejo de ministros

La federación de Izquierda Unida en el Exterior (IU Exterior) ha recibido con satisfacción la aprobación, en el Consejo de Ministros del pasado martes, del anteproyecto de ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social encabezado por Yolanda Díaz (Unidas Podemos).

«Damos la bienvenida a un anteproyecto de ley que evitará que España se convierta en Países Bajos, donde cada año entre 3.000 y 5.000 personas de origen español acaban seducidos por falsas promesas e información incompleta sobre unas condiciones de trabajo que resultan ser nefastas», asegura Eduardo Velázquez, coportavoz de IU Exterior.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la aplicación del grueso de la legislación laboral del Estado de acogida para los desplazamientos superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga) o la garantía de igualdad de remuneración y de trato entre las personas trabajadoras desplazadas cedidas por empresas de trabajo temporal (ETT). Asimismo, se regularán las consecuencias del desplazamiento en cadena de personas trabajadoras a empresas usuarias del mismo u otro Estado miembro de la UE; se ampliará la aplicación de la legislación del Estado de acogida al alojamiento, el reembolso de gastos de viaje y manutención; y la aplicación de los convenios sectoriales se ampliará a todos los trabajadores y trabajadoras desplazadas.

El cumplimiento de todas estas medidas se garantizará mediante un refuerzo de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que podrá recibir acompañamiento de sus homólogos en otros países para desarrollar su labor. «A partir de ahora, las ETT que contratan trabajadores en España para trabajar en otros destinos lo van a tener más complicado para vulnerar los derechos laborales», asegura Velázquez. «Es un paso en la buena dirección, pero necesitamos también que el Gobierno español haga presión en el seno del Consejo de la UE para poner en el foco en el problema de los trabajadores desplazados y exigir reciprocidad a otros Estados miembros».

«Ya es hora de que Gobiernos como los de Países Bajos, Bélgica o Alemania revisen la transposición de la directiva 96/71/CE para ponerse del lado de los trabajadores y trabajadoras desplazados, como ha hecho el Gobierno de coalición en España», reivindica Velázquez. «La ambigüedad de esta directiva permite que se sigan dando abusos como los del sur de Holanda donde, solo en 2019, la Oficina de la Consejería de Empleo y Seguridad Social en La Haya registró de manera oficial medio millar de quejas por parte de personas contratadas por estas ETT».

La Comisión Europea espera que el Gobierno holandés se pronuncie... «antes de que termine 2020»

El propio coportavoz de IU Exterior pudo conocer la situación que viven muchas de estas personas tras entrevistarse sobre el terreno con trabajadoras y trabajadores afectados. Poco después, en abril de 2019, la federación decidió denunciar ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo esta problemática. A pesar de que la petición sigue abierta, la Comisión Europea volvía a pronunciarse el pasado mes de diciembre para concluir que «tras analizar la información adicional facilitada por el peticionario, la Comisión no ha detectado ninguna infracción de la legislación de la Unión por parte de los Países Bajos ni de España», a la vez que mostraba su esperanza en «que las medidas de seguimiento del informe que debe adoptar el Gobierno holandés eviten que se produzcan en el futuro circunstancias como las descritas por el peticionario y por el propio informe».

Se trata de un informe publicado el pasado 30 de octubre —un año y medio después de la denuncia de IU Exterior- por parte de las autoridades holandesas, en el que se recogen una serie de medidas y recomendaciones para hacer frente a los abusos estructurales hacia los trabajadores migrantes de la Unión, y sobre el que la Comisión «espera que el Gobierno holandés se pronuncie acerca de este informe antes de que termine 2020».

«Nos parece indignante que, casi dos años después de nuestra denuncia, la Comisión siga eximiéndose ante unos hechos tan flagrantes que el propio organismo reconoce», manifiesta el coportavoz de IU Exterior. A pesar de que, en su primera respuesta, realizada en febrero de 2020, las autoridades holandesas afirmaban a la Comisión que «la mayoría de los trabajadores migrantes consideran que su experiencia laboral en los Países Bajos ha sido positiva» (sic), constataban que «se siguen dando demasiados casos de situaciones abusivas y malas condiciones laborales».

«Esperamos que los grupos políticos representados en la Comisión de Peticiones estén a la altura y, a pesar de que la Comisión niegue, ante unos hechos tan flagrantes, que no ha habido infracción, sigan adelante con esta petición para que podamos llevar la voz de miles de afectados por los abusos de estas empresas a un foro como el Parlamento Europeo y acelerar así la búsqueda de una solución internacional para estas personas». Todo ello, teniendo en cuenta además que el caso holandés no es el único, alerta Velázquez: «Más allá del sangrante caso de las empresas de trabajo temporal en los Países Bajos, seguimos conociendo abusos laborales a trabajadores temporales en el exterior».