La cantinela es bien conocida: Ourense tiene más pensionistas que cotizantes en una provincia con la peor ratio laboral de toda España.
La estadística se repite en bucle desde diferentes ángulos -la última ocasión, el miércoles en la prensa económica- obviando lo que desequilibra el análisis por completo: Ourense también tiene casi la misma población residente que emigrada fuera de sus fronteras.
Solo uniendo ambos datos se puede entender la realidad de esta tierra. Y si hoy la actualidad trae el bum del rural y la polémica por los excesos de las grandes hidroeléctricas es imprescindible poner mirada larga para recordar dónde están algunas de las claves originales de la crisis demográfica y a costa de quién se construyó el desarrollo de este país.
Empujados por la falta de oportunidades, solo en los años sesenta emigró el 56% de los ourensanos de entre 18 y 40 años (110.000 personas). A cambio del desgarro de tantas familias se levantó esta provincia: fueron sus divisas las que alimentaron a Ourense, financiando proyectos clave en la infraestructura civil, industrial o tecnológica. Todavía hoy, conviene no olvidarlo tampoco, el apoyo de los emigrados es básico para las economías locales con su intenso apoyo desde el exterior y en su descanso estival.
Hay muchas razones por las que para Ourense sea una absoluta obligación reivindicar el valor de los emigrantes. Y la puesta en valor de esta deuda histórica debe conjugarse con alzar la voz contra los atropellos que siguen sufriendo. Porque si los gráficos macroeconómicos nunca recuerdan ponderar el singular peso de la diáspora gallega, lo verdaderamente doloroso es el trato que reciben los hombres y mujeres que ayudaron a armar nuestro futuro colectivo: de instrumento empleado para aliviar las tensiones del mercado interno han sido reconvertidos en otra víctima más del totalitarismo estatal recaudatorio.
Ahí están cada mes para recordar estos excesos las manifestaciones de los retornados, un colectivo que lleva más de una década dándose de bruces contra el Estado y el ninguneo de los políticos: por circunstancias que sí han ido corrigiendo en otros países y pese a todas las sentencias favorables, en España son castigados en el IRPF, sufren con la figura de los dos pagadores, tienen serios problemas con la Seguridad Social y hasta le golpean con la doble imposición. Además, el modelo impositivo y financiero impuesto por Bruselas pone barreras injustificables a la vuelta de los ahorros de los emigrados.
Esas exigencias inquisitoriales al retorno de los ahorros bloquean en la práctica, por ejemplo, que sus legítimos propietarios regresen de países como Venezuela con fondos atesorados durante una vida de esfuerzo, lo que provoca una situación tan dolorosa como contraproducente: a la injusticia de tratarlos como presuntos delincuentes fiscales se le une estar bloqueando un capital que podría ser otra contribución de estas personas a su territorio de origen, convirtiendo el fruto de tantos años de trabajo en un jugoso motor económico para el emprendimiento.
En lugar de una estatua en la calle del Paseo como homenaje a una aportación que nunca podremos agradecer lo suficiente, a la hora de la verdad los emigrados han tenido a Cristóbal Montoro y a sus sucesores esperándolos a la vuelta de la esquina. Este periódico lleva ya demasiados años señalando la vergüenza: hoy es conveniente recordarla y preguntarse hasta cuándo durará la estafa a los que tanto significan para Ourense y Galicia.