jueves, 26 de noviembre de 2020

Marea Granate exige al Gobierno que se facilite el acceso a las PCR y su gratuidad para la emigración y los residentes en España 

Marea Granate exige que se facilite el acceso a las PCR y su gratuidad para la emigración española y los residentes en España 

 

Los emigrantes no somos turistas. Somos conscientes de la gravedad de la situación epidemiológica y asumimos las medidas para limitar la expansión de virus, como la exigencia de PCR negativa al entrar al país. Nos sentimos, sin embargo, abandonados y ninguneados por las instituciones españolas, que hablan de "turismo seguro" al imponer esta medida, ignorando al colectivo migrante. En muchos países es difícil o imposible realizar la prueba con tan poca antelación; en otros es además necesario pagar cantidades inasumibles para muchas personas. Esta medida se convierte así en un cierre de fronteras encubierto de cara al retorno navideño, provocando que éste sea un artículo de lujo accesible solo a quienes puedan permitírselo. Nuestra demanda es que, en el caso de visitas familiares, se garantice la posibilidad de realizar PCR de forma gratuita a la llegada a territorio español a aquellas personas que, por motivos logísticos o económicos, no pudieron realizarse el test en su país de residencia o de residencia del familiar migrado con el que han ido a reunirse. 

El pasado día 11 de noviembre el Gobierno español anunciaba la necesidad de que los viajeros internacionales tengan que acreditar un test Covid de PCR negativo en las 72h previas a su desplazamiento para poder entrar en territorio español. La medida, que entrará en vigor el próximo día 23 de noviembre, se aplicará solo a viajes en avión o en barco; se exigirá además que el resultado de la prueba esté escrito en castellano o inglés. Acto seguido, la ministra de Exteriores Arancha González Laya precisó que quienes no muestren dicha prueba al llegar a España serán sancionados con multas de hasta 6000€. 

Difícil retorno a casa por Navidad 

Desde la emigración española somos sensibles a la situación sanitaria global y en particular a la de nuestro país, entendiendo las precauciones y medidas adicionales. No obstante, el anuncio cae como un “jarro de agua fría” al ver cómo, frente a un eventual retorno en Navidad, se nos exigen requisitos sin la más mínima reflexión sobre su viabilidad ni sus costes, sin dar ninguna facilidad alternativa y bajo amenaza de una multa desorbitada. En muchos de nuestros países de acogida la PCR se efectúa en casos muy concretos bajo prescripción médica, y lo contrario lleva asociados costes inasumibles para una mayoría de nosotros (es el caso por ejemplo de Irlanda, donde realizarse un test por cuenta propia cuesta entre 150-200€, o Dinamarca, donde cuesta 350€). Además, los retrasos en la obtención de resultados y el previsible colapso de los laboratorios si dicha medida se extiende a nivel europeo hará imposible el desplazamiento para gran parte de la emigración. 

Nos encontramos, pues, ante un cierre de fronteras encubierto que segregará económicamente a quienes puedan acceder al país (solo los emigrantes más pudientes podrán asumir costes de pruebas para ellos y/o sus familias). La medida sanitaria impuesta, además, carga sobre la responsabilidad del individuo el acceso a una prueba clínica impuesta como política sanitaria pública en un margen de tiempo muy corto. La exigencia además del certificado en una determinada lengua añade aún más dificultades al proceso.  

Cabe destacar que al día siguiente del anuncio de dicha medida, la ministra de Exteriores se apresuró a hablar al respecto sobre el "turismo seguro". Que una ministra de Exteriores evite mencionar que hay 2,5 millones de españoles residiendo en el exterior y que serán quienes quieran mayoritariamente desplazarse en las próximas fechas, con motivo de las vacaciones de navidad, nos parece de enorme gravedad. La mención expresa al turismo que entra por vía aérea ignorando a la emigración nos lleva a preguntarnos si esto no es un movimiento más en la batalla política entre gobiernos central y autonómicos. Cabe decir, además, que durante la pandemia las medidas contemplando nuestra situación han sido nulas, y gran parte de la emigración sigue excluida del derecho a la salud -al igual que gran parte del colectivo migrante residente en el Estado español-, a pesar de la crítica situación sanitaria y de la promesa de universalidad de la sanidad del pacto de gobierno.  

Reivindicamos 

Desde Marea Granate pedimos al Gobierno que garantice el acceso a las pruebas, así como su gratuidad, a los emigrantes españoles y a los residentes en territorio español que no puedan acreditar la PCR exigida, sin penalización ni multa ninguna. Las medidas sanitarias extremas (y ésta lo es) deben garantizar la accesibilidad de las mismas a toda la población en igualdad de condiciones.  

No somos turistas, somos emigrantes. Muchos de nosotros hemos tenido un cuidado extremo en esta pandemia, cancelando viajes y posponiendo vacaciones; muchos no viajaremos por esto mismo próximamente, cuidando por nuestras familias y amistades a pesar de la enorme distancia que soportamos ya como emigrantes. Muchos de nosotros somos, además, parte de esos trabajadores esenciales que tanta falta hacen ahora en nuestro país, expulsado por años de recortes y maltrato de nuestras condiciones laborales. La salud debe ser un derecho universal, y la sanidad un sistema público, garantista e igualitario: aplicar este enfoque en cada medida y política sanitaria en estos tiempos debe ser una obligación de nuestros gobiernos y administraciones.