Después de tantos años de espera, lucha, reivindicaciones y, porque no decirlo, desilusiones y desesperanza, la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática ha sido el pistoletazo de salida para una carrera, la de obtener la nacionalidad española que, a pesar de las ilusiones y las urgencias de muchos y muchas descendientes de emigrantes españoles, será más una carrera de fondo que de velocidad, ya que una cosa es tener la ley en la mano, y otra bien distinta será que las oficinas españolas en el exterior, en este caso concreto los Consulados, puedan gestionar con rapidez la avalancha de solicitudes que se les viene encima con las miles de citas que se están pidiendo y el poco personal con el que cuentan para atenderlas.
La situación, a poco más de dos semanas desde la publicación del nuevo texto en el BOE, es imposible explicarla con precisión, dado que es cualquier cosa, menos lineal y uniforme, ya que hay Consulados que no solo ya han atendido a las primeras peticiones, si no que, incluso, ya han publicado fotos de las orgullosas y felices primeras personas que han obtenido la nacionalidad española, como sería el caso del Consulado de España en Santiago de Chile, mientras que en otros ni siquiera se ha abierto el turno de concesión de citas, ni se sabe cuándo lo harán, y en otros sí han empezado a dar citas que, en casos como el de, por ejemplo, Buenos Aires, ya llegan a los meses de junio, julio o agosto de 2023.
Precisamente el Consulado de España en Buenos Aires, que es el país dónde habrá más peticiones de citas para obtener la nacionalidad española, publicó también en su Twitter que tras la entrada en vigor de la Ley se han reservado más de 19.000 citas y que se seguirán abriendo turnos hasta que todo el mundo pueda presentar expedientes en los plazos que marca la Ley.
Leyendo ésta información del propio Consulado de Buenos Aires, es perfectamente comprensible que, después de haber reservado ya más de 19.000 citas, éstas se estén dando para después de agosto de 2023. Incluso hasta parece poca demora la de tener que esperar 10 meses para poder presentar la documentación que convalide la posibilidad de tener derecho a optar a la nacionalidad española.
De Argentina se puede decir que es el país en el que la administración española está demostrando la mejor de las voluntades, gran rapidez, además de una gran eficacia para hacer frente al incremento notable de trabajo que les ha venido encima, ya que, además del Consulado de España en Buenos Aires, el de Bahía Blanca, distante algo más de 600 kms. de la capital del país, también ha empezado a atender los primeros casos, igual que el Consulado de Rosario, mientras que del Consulado de Córdoba se espera que en diciembre ya pueda iniciar la concesión de citas. Solo quedaría pendiente conocer los planes del Consulado de España en la ciudad de Mendoza, a 1.200 kms. de Buenos Aires, (sin embargo a solo 300 de Santiago de Chile), que aún no ha empezado a dar citas, ni se sabe cuándo empezará a darlas.
Otro de los países que recibirá un aluvión de peticiones será Cuba, pero allí ni siquiera se sabe cuándo abrirá el Consulado de España en La Habana la posibilidad de poder solicitar citas, la misma situación de Brasil que, con 5 Consulados, (Bahía, Brasilia, Porto Alegre, Río de Janeiro y Sao Paulo), y que recibirá no pocas solicitudes, no solo no ha abierto aún los plazos, sino que tampoco se sabe cuándo lo harán los Consulados de España del país más grande de Sudamérica.
Otro de los grandes países americanos, en este caso del Norte, del que tampoco se sabe aún nada es de Estados Unidos que, con 8 Consulados, (que serían 9 si se cuenta el de San Juan de Puerto Rico, como nación asociada), recibirá también muchas peticiones de acceso a la nacionalidad.
Entretanto, asociaciones que han luchado sin desmayo por el reconocimiento del derecho al acceso a la nacionalidad para los descendientes de emigrantes españoles, como es el caso de Ce.DEU en Argentina, (aunque tiene representantes delegados en otros países del Cono Sur, como Uruguay), al recibir tantas consultas, ya que la interpretación de la ley no resulta sencilla, y menos después de haber tenido que esperar a la interpretación jurídica de la Disposición Adicional 8ª, dado que inicialmente quedaba en el aire la posibilidad de que los derechos que sí se habían reconocido en la anterior ley, la de Memoria Histórica de 2007 no fueran reconocidas en la Ley de Memoria Democrática, han organizado sesiones para explicar al detalle, y atender consultas, como la que celebrarán la próxima semana en la sede de la Casa de Galicia de Buenos Aires.
También los Consejos de Residentes Españoles, los CRE, después de haber trabajado y luchado durante muchos años desde el CGCEE, están haciendo un gran trabajo para facilitar los primeros trámites, despejar dudas y ayudar a quienes, ante la dificultad de conseguir la documentación que se exige, se encuentran con dificultades y dudas.
En cualquier caso, incluso en aquellos países en los que aún no se han abierto los turnos para la concesión de citas, las diferentes asociaciones, como es el caso de la activa "Españoles en el mundo" de República Dominicana, en sus redes sociales informan de detalles que pueden facilitar al menos las primeras gestiones.
Además de las asociaciones que nuclean a los descendientes de emigrantes españoles, la propia administración española está facilitando constantemente información para los interesados, como ha sido el caso del Consulado de España en Mexico. Este consulado general no responde consultas sobre si una persona se encuentra o no en alguno de los supuestos siempre que ustedes mismos puedan utilizar esa información.
Pero la situación, tal y como estamos explicando, es muy desigual, y hay países en los que de la desilusión, como en Cuba, se está dando paso a la indignación, como sería el caso de Uruguay. Sirvan como ejemplos las publicaciones en redes sociales:
El escenario de descendientes de españoles que desean ejercer su derecho a acceder a la nacionalidad de sus padres o abuelos es, por lo tanto, muy desigual y, en cualquier caso, exigirá paciencia, no desesperarse, y confianza en un proceso que el propio Estado español ha cifrado en 2 años, con la posibilidad de prorrogarlo un año más para cumplir con todas las peticiones.
Como lado negativo en cuanto a la percepción que en la sociedad española se pueda haber en relación con un derecho hasta ahora no reconocido a los descendientes de los y las emigrantes, hay que considerar algunas informaciones totalmente desenfocadas, como la información que publica un conocido periódico español, que titula: "Nacionalización masiva de nietos de españoles a un año de las elecciones. Moncloa reinterpreta al Congreso y amplía el alcance de la Ley de Memoria mediante una instrucción de Justicia. Podrán optar a la nacionalidad los hijos, nietos y bisnietos de emigrantes, aunque no fueran exiliados".
La noticia empieza con: "El Gobierno ha abierto un proceso de nacionalización masiva de extranjeros por la puerta de atrás, para que hasta tres generaciones de descendientes españoles puedan convertirse en nacionales de origen que, por tanto, podrían tener derecho a voto en las próximas elecciones".
Si esta visión del alcance de la Ley de Memoria Democrática no estuviese ya de por sí totalmente desenfocada, el mismo medio completa el tendencioso artículo con un Editorial titulado Nacionalización masiva y votos.
Por otra parte, en algunos países, especialmente en los que la situación económica es muy preocupante, incluso también la falta o la limitación de libertades, hay una interpretación algo desproporcionada de lo que podría significar la obtención de la nacionalidad española, ya que ante la adversidad, y conociendo la calidad de vida de España, se puede entender que el mero hecho de tener la nacionalidad, y con ella poder acceder entonces a España sin ninguna limitación, significará poner un pie en España y automáticamente poder ser beneficiario de ayudas, algo totalmente fuera de la realidad, y máxime cuando España, si bien en relación con muchos países está, a pesar de la crisis, en una situación envidiable, no tiene una situación económica que le permita universalizar este tipo de ayudas.
Los próximos meses serán fundamentales para que el Gobierno español pueda encauzar las miles de peticiones que le llegarán, (en Ce.DEU consideran que no serán más de 400.000 personas), y empezar a gestionar la posible siguiente "avalancha", la de hijos e hijas, nietos y nietas de emigrantes españoles y españolas que, una vez accedan a la nacionalidad, deseen hacer el camino inverso al de sus antepasados.
