jueves, 01 de octubre de 2020

Coronavirus: aliado y enemigo de los inquilinos

Coronavirus: aliado y enemigo de los inquilinos


Jaime Martínez Porro - IU Berlin

Mientras muchas asociaciones de inquilinos piden una moratoria en los pagos de los alquileres para situaciones de emergencia, la oferta de vivienda se dispara.
 

El coronavirus (COVID-19) ha llegado para convivir en la sociedad durante un tiempo que aún no podemos saber con certeza. El jefe de virología del hospital universitario Charité en Berlín, Christian Drosten, vaticinaba que el virus podía llegar a estar presente durante dos años, si se evita un contagio masivo que haga colapsar el sistema sanitario. No obstante, consideraba que hacer previsiones era muy difícil. Además, numerosos equipos científicos están trabajando actualmente para encontrar una vacuna con algunos resultados ya avanzados y prometedores.

En cualquier caso, es un hecho que la vida ha cambiado en todo el mundo en un puñado de semanas con consecuencias sociales, políticas y económicas que solo podremos conocer en un futuro. La actividad en muchos países se ha paralizado o prácticamente congelado y, entre todas las actividades económicas, una de las que más rápidamente ha sufrido el impacto ha sido el turismo y, con ello, los alquileres de pisos orientados a pequeños periodos vacacionales.

Según un estudio publicado por AirDNA, empresa espcializada en short-term rental data & analytics, el número de viviendas disponibles en la plataforma de alquiler Airbnb ha caído entre febrero y marzo. Así, en España el número de viviendas en esta plataforma cayó en estos meses en 5.000 alojamientos (en torno al 2%); en Alemania, en 11.000 (7%); o en China, 44.000 (7%). Esta caída, leve en su conjunto, no recoge sin embargo las consecuencias de la declaración del COVID-19 como pandemia por la OMS ni el crecimiento exponencial de casos en países como España, Italia, Alemania, Suiza, Francia, EEUU o Reino Unido. Sin embargo, ese mismo informe ya observaba en esa fecha que ciudades como Roma, Madrid, Barcelona o Berlín iban a tener entre la mitad y un tercio de la ocupación en comparación con 2019 en los meses venideros. Si a estos datos sumamos cancelaciones posteriores, podemos entender por qué Aribnb quizás ponga su salida a bolsa en cuarentena.

Esta caída en las reservas vacacionales tiene su contrapartida: el ascenso en el número de viviendas disponibles para alquileres de larga duración, un hecho que permite desahogar levemente la situación en ciudades como Dublín. Según los datos que aporta el portal de búsqueda de vivienda Daft.ie, tras el colapso turístico, las viviendas disponibles para alquiler de larga duración en Irlanda han crecido en un 13%, pero es que en Dublín Central, uno de los barrios más afectados por el alquiler vacacional, han aumentado en un 64%.

En las redes sociales no han pasado desapercibidos tampoco los casos de Madrid y Barcelona. El usuario de Twitter @malvartinez observaba cómo el 16 de marzo, solo en Madrid, habían aparecido 270 pisos en Airbnb, muchos de ellos en el distrito Centro. A ello le respondía @MMartiCosta que en Barcelona habían aparecido 435 pisos y 292 habitaciones, muchas en zonas afectadas por el alquiler vacacional como el Barri Gòtic. El impacto sobre los precios de los alquileres en estas ciudades no podrá ser evaluado en su conjunto hasta dentro de un tiempo, pero desde luego, los precios parece que van a estar muy lejos de lo que los especuladores se embolsaban hasta ahora con el alquiler vacacional a costa de echar a los vecinos de sus barrios.

Este transvase de alquileres vacacionales hacia alquileres de larga duración demuestra lo que muchos ya sabíamos: que plataformas como Airbnb no tienen a día de hoy prácticamente nada de economía colaborativa. Se trata tan solo de un mero negocio especulativo que asola las grandes capitales europeas o las zonas de turismo de sol y playa como pueden ser las Islas Baleares. El COVID-19, en este caso, se ha convertido en un aliado inesperado de arrendatarios no solo por descongestionar las dificultades para encontrar vivienda, sino porque refuerza las denuncias de las asociaciones y plataformas de inquilinos, que piden una estricta regulación del negocio de alquiler vacacional de vivienda o directamente su extinción.

Pero la moneda tiene dos caras. El COVID-19 también se ha convertido en el peor de los enemigos para muchas personas que ven con preocupación y ansiedad el futuro de la economía familiar y no saben si podrán pagar la próxima mensualidad del alquiler, ya sea de la propia vivienda o del local comercial en el caso de trabajadores autónomos. En Berlín, la Alianza de Acción contra los Desahucios y la Locura del Alquiler (Aktionbuendnis gegen Verdraengung und Mietenwahsinn) ha urgido a la paralización inmediata de cualquier desahucio, la moratoria de los alquileres para familias en riesgo de exclusión o con problemas económicos sobrevenidos de la crisis sanitaria, la moratoria de hipotecas, que se permita la ocupación de locales y viviendas vacías para combatir el sinhogarismo en esta coyuntura, así como un fondo de solidaridad para autónomos para que no tengan que bajar la persiana por no poder pagar el alquiler. Unas medidas que pretenden que nadie caiga en la ruina o acabe en la calle por esta situación excepcional.

En España, el Consejo General del Poder Judicial ya ha suspendido los desahucios, a la vez que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha aprobado la moratoria de las hipotecas dentro del escudo social de las medidas de choque ante el coronavirus. Sin embargo, los sindicatos de inquilinas quieren también que se aplique en España una moratoria de los alquileres, algo que la Ministra de Economía Nadia Calviño no contempla. En cualquier caso, las instituciones tienen que tratar de garantizar que las familias en riesgo de exclusión no caigan en el sinhogarismo y las deudas, especialmente teniendo en cuenta que muchas de ellas ahora son arrendatarias tras haber sido desahuciadas por no poder pagar la hipoteca. Un segundo desahucio por impago de alquiler supondría un golpe psicológico a las familias y un drama social de primer orden que el Gobierno tiene que evitar, bien garantizando ingresos mínimos a las familias o bien mediante la moratoria que piden los sindicatos de inquilinas.

De todas formas, lo que deja en evidencia una vez más esta crisis del coronavirus es la fragilidad del sistema en el que vivimos y, especialmente, la falta de garantías de un derecho tan básico con la vivienda; entre otros motivos, por la especulación con la vivienda, fundamentalmente por parte de las grandes empresas del real estate. En una charla organizada por Jóvenes de IU Madrid con el título "COVID-19: consecuencias económicas y geopolíticas", Carlos Sánchez Mato, exconcejal de Economía y Hacienda de Madrid, recalcaba que "frente a quienes dicen que ahora no es el momento de ideologías, hay que dejar claro que precisamente ahora es el tiempo de la ideología".
 

Las crisis muestran las debilidades de un sistema capitalista que no tiene escrúpulos en dejar en la calle a tantas personas como haga falta con tal de sacar rédito. Tanto el trasvase de vivienda de alquiler vacacional a larga duración, como la falta de protección de las familias que pagan unos precios del alquiler que devoran más de la mitad de sus ingresos, son el resultado de una política de vivienda fallida. Los Estados y las ciudades han perdido el control de la vivienda, bien porque han regalado el suelo a empresas privadas, bien porque han vendido la vivienda pública a fondos buitre, como hizo Ana Botella a Blackstone. Por eso, en situaciones de crisis, el Estado, recortado en sus capacidades, se ve con mayores problemas para afrontarlas, como vemos que sucede igualmente con la sanidad pública, víctima de recortes y privatizaciones. Por eso es hora de la ideología y de decir que hay que recuperar todo el poder para lo público.