24/06/2020
17:15 h.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Consejo General del Notariado han firmado un convenio de colaboración sobre delitos económicos por el cual los cónsules y diplomáticos españoles participarán en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
"Desde ahora, los cónsules y diplomáticos encargados de la fe pública serán considerados funcionarios incorporados al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales del Consejo General de Notariado", ha explicado el presidente del Consejo notarial, José Ángel Martínez Sanchiz, este miércoles.
Por su parte, el director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Juan Duarte Cuadrado, ha comentado que "desde la firma de este convenio los funcionarios diplomáticos deberán llevar una base de datos de las operaciones que autoricen en su función notarial".
Según el Convenio Europeo sobre Funciones Consulares de 1967, los funcionarios consulares pueden autorizar notarialmente en países extranjeros actas y contratos de ciudadanos españoles o bienes situados en España así como capitulaciones matrimoniales en las que al menos una de las partes sea española.
De esta forma, los cerca de 200 consulados facilitarán la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que aprueben al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Notariado (OCP), informa el Ministerio.
En esta base de datos se incluirá información sobre la identificación de los intervinientes o representantes, el tipo e importe de la operación, la localidad y fecha de la firma y la identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, participaciones y otros valores y activos financieros).
Estos documentos estarán a disposición de los técnicos del OCP que los analizarán y los incorporaran a la información que remiten al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a las instituciones con las que colaboran como fiscalías, fuerzas de seguridad y la Agencia Tributaria.
Asimismo, los funcionarios diplomáticos incorporarán información a la base de datos de Titular Real del Notariado, donde remitirán todos los documentos públicos que afecten al trato de acciones o participaciones de sociedades mercantiles españolas y que se refieran a las manifestaciones de titularidad real de entidades jurídicas, españolas o extranjeras.
Por último, el convenio recoge la edición de un manual interno para las oficinas consulares, con el fin de estandarizar y unificar los procedimientos en esta materia, así como la aprobación de un plan de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Antes de este convenio, los funcionarios diplomáticos, obligados por la normativa, informaban al SEPBLAC de los indicios o sospechas de blanqueo que pudieran detectar en el ejercicio de su función autorizando dichas operaciones.
"Desde ahora, los cónsules y diplomáticos encargados de la fe pública serán considerados funcionarios incorporados al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales del Consejo General de Notariado", ha explicado el presidente del Consejo notarial, José Ángel Martínez Sanchiz, este miércoles.
Por su parte, el director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Juan Duarte Cuadrado, ha comentado que "desde la firma de este convenio los funcionarios diplomáticos deberán llevar una base de datos de las operaciones que autoricen en su función notarial".
Según el Convenio Europeo sobre Funciones Consulares de 1967, los funcionarios consulares pueden autorizar notarialmente en países extranjeros actas y contratos de ciudadanos españoles o bienes situados en España así como capitulaciones matrimoniales en las que al menos una de las partes sea española.
De esta forma, los cerca de 200 consulados facilitarán la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que aprueben al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Notariado (OCP), informa el Ministerio.
En esta base de datos se incluirá información sobre la identificación de los intervinientes o representantes, el tipo e importe de la operación, la localidad y fecha de la firma y la identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, participaciones y otros valores y activos financieros).
Estos documentos estarán a disposición de los técnicos del OCP que los analizarán y los incorporaran a la información que remiten al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a las instituciones con las que colaboran como fiscalías, fuerzas de seguridad y la Agencia Tributaria.
Asimismo, los funcionarios diplomáticos incorporarán información a la base de datos de Titular Real del Notariado, donde remitirán todos los documentos públicos que afecten al trato de acciones o participaciones de sociedades mercantiles españolas y que se refieran a las manifestaciones de titularidad real de entidades jurídicas, españolas o extranjeras.
Por último, el convenio recoge la edición de un manual interno para las oficinas consulares, con el fin de estandarizar y unificar los procedimientos en esta materia, así como la aprobación de un plan de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Antes de este convenio, los funcionarios diplomáticos, obligados por la normativa, informaban al SEPBLAC de los indicios o sospechas de blanqueo que pudieran detectar en el ejercicio de su función autorizando dichas operaciones.