COMUNICADO DE FAPEJUVES

La Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España, FAPEJUVES, con el fin de asegurar la efectividad de los derechos que a tal efecto se establecen en la Constitución Nacional y en los convenios bilaterales suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España en materia de Seguridad Social, así como velar por los derechos inherentes a los ancianos, y el beneficio a la jubilación, con el objeto de proporcionarles un medio de vida digno durante su vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendente a cubrir sus gastos de subsistencia, ante las conclusiones del Informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos violatorios de derechos humanos en Venezuela, donde existe un gobierno de facto que accedió al poder político de modo espúreo, en contra de las disposiciones constitucionales expresadas en la Carta Magna, y con un sistema judicial en connivencia con el poder ejecutivo y la configuración de un inconstitucional poder constituyente para impedir el ejercicio de las competencias de la Asamblea Nacional, único poder legítimo mediante sufragio popular, manifestamos nuestra posición al respecto:

Considerando

Que el Informe reconoce que el régimen actúa como un gobierno de facto que simula poder público, que se ha generado por la interrupción del estado de derecho y la flagrante oposición a sus postulados y principios, que el régimen expresa un ejercicio arbitrario del poder, al margen y sin sujeción a las normas constitucionales que regulan la forma de asunción al gobierno y las competencias funcionales señaladas a los operadores de los órganos políticos del Estado y con concentración del mismo esto es, la potestad de mando no está sujeta a control ni contrapeso intra o inter orgánico.

Considerando

Que en el Informe se reconoce que la Misión constató que algunos fiscales y jueces/juezas desempeñaron un rol directo en casos que constituyen violaciones a los derechos humanos en las detenciones arbitrarias que ordenaban. En muchos casos, es difícil determinar si los actores del sistema de justicia participaron voluntariamente en la detención arbitraria o si lo hicieron bajo presión del régimen.

Considerando

Que la Misión solicitó información al régimen sobre el avance de las investigaciones de los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta la fecha de redactar el Informe, no ha recibido respuesta. La gran mayoría de los casos de asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad no han sido objeto de enjuiciamiento.

Considerando

Que la Misión constató la utilización de numerosos actos de tortura física y psíquica y otros malos tratos, como fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen aislamiento en condiciones extremas; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; tortura psicológica. Algunos de estos actos provocaron lesiones físicas graves y/o permanentes. Esto incluyó la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, abortos, sangre en la orina y costillas rotas. Estos actos también provocaron traumas psicológicos graves y depresión.

Considerando

Que todo lo anteriormente expresado reconoce que el régimen de la República Bolivariana de Venezuela está sumido en un profundo deterioro que abarca todos los órdenes, que se manifiesta en una crisis humanitaria y que no queda duda de la comisión de actos “de crimen de lesa humanidad”, contra el sector de población venezolano en materia de salud, alimentación, libertad, afectando gravemente a los sectores más vulnerables como niños, mujeres en gravidez y lactancia así como al colectivo de pensionados y jubilados tanto en Venezuela como en el exterior. Estos últimos llevan casi cinco años sin cobrar sus pensiones en una abrupta e inhumana orden del dictador venezolano, violentando el Acuerdo Bilateral suscrito entre Venezuela y España en el cual se establece que “Venezuela se obliga a respetar y garantizar los pagos correspondientes a los pensionados y jubilados de la Seguridad Social venezolana en cualquier lugar en que éstos residan”. Todo lo expuesto enmarcado en los conceptos que definen tal crimen.

Acuerda

Primero: Respaldar íntegramente el Informe y las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos violatorios de derechos humanos en Venezuela.

Segundo: Denunciar ante la comunidad internacional y sus organismos jurisdiccionales que los comprobados crímenes del régimen usurpador, presidido por Nicolás Maduro, suplicamos la intervención inmediata de todos aquellos que tengan acceso a los organismos de Derechos Humanos para que quede demostrado que el régimen venezolano, de manera sistemática, violenta y de tortura por motivos políticos a la población venezolana, y muy especialmente al sector de los pensionados, tanto en Venezuela como en el exterior, ya que reciben un beneficio de

400.000 bolívares mensuales, que traducidos al dólar americano representan la cantidad de 0,92 DÓLAR MENSUAL (US $: 0,92/ mes); condenando a todos los pensionados y jubilados venezolanos a una situación de exclusión social, vulnerabilidad y en definitiva a su exterminio.

Tercero: Instar a la Corte y a la Fiscalía Penal Internacional, así como a la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, que procedan inmediata y diligentemente, conforme a los procedimientos establecidos en sus estatutos normativos.

Cuarto: Solicitar a los gobiernos legítimos que integran la comunidad Internacional y en especial a los que integran la Unión Europea, que en cumplimiento del principio de JURISDICCIÓN INTERNACIONAL, ordenen perseguir y castigar a los responsables de los crímenes denunciados en este Comunicado, repudiados y sancionados internacionalmente.

Quinto: Hacer público el presente Comunicado y difundirlo por todos los medios de comunicación social.

Madrid, 4 de Octubre del 2020

Pedro Ontiveros Presidente FAPEJUVES (ASOPEJUVECMA)

José Ignacio Gainzarain Secretario FAPEJUVES (AsoPenJubBilbao)