20/04/2013
07:40 h.
El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que mejorará su protección en todas las transacciones a distancia y que, entre sus novedades, determina que el usuario siempre tendrá acceso al precio final antes de que concluya la compra. De esta forma, se evitan las denominadas 'cargas encubiertas', señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El empresario tendrá que velar 'especialmente' por que en las compras por internet el consumidor 'es consciente de todo lo que tiene que pagar antes de darle a la tecla que pone fin a la transacción', explicó. Si el vendedor no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso. Saenz de Santamaría precisó que se tendrá siempre que marcar en positivo los servicios adicionales.
Eexplicó que se refuerza el derecho de desistimiento, mediante la introducción de nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Así, se amplía el plazo en el que se puede ejercer: de los 7 días hábiles actuales a 14 días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda ampliado a 12 meses.
DESISTIMIENTOS
La nueva norma, además, incorpora un formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato. Se amplía la información pre-contractual que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores, en general y, en particular, cuando formalicen contratos a distancia. Tendrá que ser clara y comprensible y, al menos, en castellano.
En cuanto a los cargos adicionales que pueden derivarse de los contratos formalizados a distancia, el texto establece nuevas reglas.
Por ejemplo, en el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica, las '902', para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica. 'Así se acaba con las líneas telefónicas de alto coste', dijo Santamaría.
Además, los empresarios no podrán facturar al consumidor cargos por el uso de determinados medios de pago que superen el coste al que tienen que hacer frente ellos. La nueva ley dota a los consumidores de nuevos derechos, referidos a la forma y los plazos de entrega y el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, entre otros. En caso de insatisfacción, el empresario recogerá a su cargo los bienes cuando por su naturaleza no puedan devolverse por correo.
LOS ARBITRAJES
La subdirectora de Arbitraje, Normativa y Asociacionismo del Consumo del Instituto Nacional de Consumo (INC), Milagros Yagüe, afirmó que gracias al anteproyecto podrá reducir el volumen de reclamaciones a la mitad. Yagüe recordó que en 2011 se registraron en las asociaciones de consumidores más de 300.000 reclamaciones en sectores como las telecomunicaciones, energía, agua o seguros 'donde es habitual la contratación a distancia', además de otras 85.000 quejas recogidas por las juntas arbitrales que, en su mayoría, respondían a 'una falta de información en el momento de la contratación'.
Eexplicó que se refuerza el derecho de desistimiento, mediante la introducción de nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Así, se amplía el plazo en el que se puede ejercer: de los 7 días hábiles actuales a 14 días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda ampliado a 12 meses.
DESISTIMIENTOS
La nueva norma, además, incorpora un formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato. Se amplía la información pre-contractual que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores, en general y, en particular, cuando formalicen contratos a distancia. Tendrá que ser clara y comprensible y, al menos, en castellano.
En cuanto a los cargos adicionales que pueden derivarse de los contratos formalizados a distancia, el texto establece nuevas reglas.
Por ejemplo, en el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica, las '902', para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica. 'Así se acaba con las líneas telefónicas de alto coste', dijo Santamaría.
Además, los empresarios no podrán facturar al consumidor cargos por el uso de determinados medios de pago que superen el coste al que tienen que hacer frente ellos. La nueva ley dota a los consumidores de nuevos derechos, referidos a la forma y los plazos de entrega y el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, entre otros. En caso de insatisfacción, el empresario recogerá a su cargo los bienes cuando por su naturaleza no puedan devolverse por correo.
LOS ARBITRAJES
La subdirectora de Arbitraje, Normativa y Asociacionismo del Consumo del Instituto Nacional de Consumo (INC), Milagros Yagüe, afirmó que gracias al anteproyecto podrá reducir el volumen de reclamaciones a la mitad. Yagüe recordó que en 2011 se registraron en las asociaciones de consumidores más de 300.000 reclamaciones en sectores como las telecomunicaciones, energía, agua o seguros 'donde es habitual la contratación a distancia', además de otras 85.000 quejas recogidas por las juntas arbitrales que, en su mayoría, respondían a 'una falta de información en el momento de la contratación'.