Jueves, 17 de octubre de 2019

LA VICEPRESIDENTA RECORDÓ QUE ESTE TEXTO NORMATIVO SURGE DE UN "AMPLIO Y EXTENSO PROCESO PARTICIPATIVO"

Mónica Oltra: la nueva ley de Servicios Sociales convierte a la Comunitat Valenciana en la única autonomía que los declara 'universales, esenciales y de interés general'

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en un Pleno de Les Corts Valencianes
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en un Pleno de Les Corts Valencianes

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana "nos convierte en la primera comunidad autónoma que por ley declara los servicios sociales universales, esenciales y de interés general". 

La vicepresidenta ha presentado la nueva ley en una charla coloquio en la Universitat d'Alacant organizada por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante junto con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, en colaboración con la Generalitat, el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante y los Colegios de Trabajo Social de Valencia y Castellón. 

Oltra ha destacado que la ley, aprobada por Les Corts Valencianes la semana pasada, ha ido precedida por una inversión sin precedentes para el refuerzo de los equipos sociales base municipales, que en 2015 era de 9,6 millones de euros y en el presupuesto de este año ha alcanzado los 48,3 millones de euros. En la provincia de Alicante estas cantidades han pasado de 4,1 millones en 2015 a 19,9 millones en 2019. 


La ley, ha incidido, "reconoce y garantiza" el acceso al sistema público valenciano de servicios sociales a todas las personas con residencia efectiva en territorio valenciano que lo requieran, "dando cuerpo normativo a la cuarta pata del Estado del Bienestar que transforma las prácticas asistencialistas y caritativas de épocas pasadas, en una concepción moderna de derechos subjetivos y de alcance universal". 

Según ha explicado la vicepresidenta, el hecho de que los servicios sociales sean considerados un derecho subjetivo implica que los presupuestos "estarán al servicio de la ley y no al revés". 

Es decir, nadie dejará de tener la prestación social que le corresponda "porque el presupuesto garantizará el cumplimiento del derecho", ha asegurado. Con la nueva norma se pasa de 0 a 35 prestaciones garantizadas reconocidas de carácter profesional, económico y tecnológico. 

Entre las principales novedades, la norma regula los niveles funcionales del sistema con una Atención primaria básica y una Atención secundaria. 

En el caso de la primaria, ha indicado, "serán los ayuntamientos la puerta de entrada a estos servicios sociales", que incluirán los servicios de violencia de género y machista, acompañamiento social a las personas con diversidad funcional y a las personas con problemas crónicos de salud mental. Este tipo de atención será de carácter diurno, nocturno y ambulatorio. Por su parte la Atención secundaria será de carácter residencial. 

Asimismo se contempla también delimitar el territorio para garantizar la equidad en el acceso, estableciendo una zonificación con demarcaciones territoriales y un mapa de servicios sociales donde se identifican las necesidades y su cobertura. 

Organización profesional 

Gracias a esta norma, ha señalado la vicepresidenta, por primera vez "se ordena y garantiza la estructura profesional de los equipos para la atención centrada en la persona y en sus necesidades". Esta regulación favorece la estabilidad y movilidad laboral, además de una mayor pluralidad que permita a los equipos "atender la complejidad social con nuevas figuras profesionales como el asesor jurídico y profesionales de la integración social". 

Oltra ha asegurado que estos profesionales contarán con el apoyo de instrumentos técnicos, como la plataforma de información integrada o la historia social única que "facilitarán la comunicación entre profesionales y la coordinación entre entidades". 

Respecto al número de trabajadores de los servicios sociales municipales la vicepresidenta ha destacado la situación en 2015 cuando había un profesional por cada 12.743 habitantes. En 2019 se han destinado a los ayuntamientos inversiones para reducir la ratio hasta un profesional por cada 2.502 de media en la Comunitat", siendo en el caso de Alicante de uno cada 2.482 habitantes. 

Estos datos "nos permitirán pasar de ser los últimos a estar entre las cinco primeras comunidades autónomas en ratio de profesionales por habitante" ha asegurado. 

El modelo de servicios sociales que ha impulsado Vicepresidencia necesita que los poderes públicos "faciliten la vida a las personas y garanticen el ejercicio de sus derechos", y para ello es necesario, ha subrayado Oltra, "un sistema que trabaje con unidad de acción, en el que se compartan competencias y responsabilidad y en el que prime la lealtad institucional entre la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos, de manera que se ofrezca a los ciudadanos una mayor proximidad y una mayor cobertura". 

Ética, Participación y Calidad 

Por otro lado, la vicepresidenta ha reiterado la necesidad de que la "ética" se sitúe en el centro del sistema de los servicios sociales, "con mecanismos que supervisen la toma de decisiones que pueden cambiar las vidas de las personas más vulnerables". 

La vicepresidenta ha recordado que este texto normativo surge de un "amplio y extenso proceso participativo" en el que ayuntamientos, diputaciones y entidades del tercer sector han hecho numerosas aportaciones, y ha asegurado que su colaboración continuará a través del Consell Valencià de Igualdad, Inclusión y Derechos Sociales que garantizará "una participación eficaz". 

La nueva ley también incluye la creación del Instituto Valenciano de Formación, Calidad e Investigación en Servicios Sociales para promover la calidad en los servicios, prestaciones y recursos humanos de la red pública. 

Recursos económicos 

Respecto a los recursos económicos, la ley dispondrá de ellos a través de una triple vía. Por un lado con el incremento y consolidación del presupuesto destinado a las políticas sociales que, desde el año 2015, ha ido incrementándose hasta alcanzar un 70'82% respecto a la cantidad destinada hace tres años. Para 2019 está previsto un presupuesto de 1.500 millones de euros que situarán a la Comunitat Valenciana en la media de las comunidades autónomas en referencia a la inversión social por habitante. 

Asimismo se fijará a los créditos la consideración de ampliables, y se delimita las formas de colaboración entre las diferentes entidades locales de la Comunitat Valenciana y la Generalitat para garantizar la financiación y sostenibilidad económica del Sistema Público Valenciano de servicios Sociales.