Agencia EFE

La supresión del voto rogado, con la que las fuerzas políticas pretenden frenar la caída espectacular del voto de los españoles residentes en el extranjero de la última década, avanza su tramitación en el Senado, donde quedará definitivamente aprobada la semana próxima en sesión plenaria.

La Comisión Constitucional ha aprobado este martes por unanimidad el informe de la ponencia que ha dictaminado sobre la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que modifica las condiciones del voto exterior y que ya llegó con un alto consenso del Congreso a la Cámara Territorial.

No obstante, en la comisión se han discutido algunas enmiendas que los grupos nacionalista (Junts per Catalunya) y de ERC y EH-Bildu ya plantearon en el Congreso y han mantenido de cara a su futura defensa en el próximo pleno del Senado.

Las más relevantes se refieren a la implantación del voto delegado y al voto electrónico como herramientas para seguir facilitando en ejercicio del derecho al voto a los electores en el exterior, que para cuando entre en vigor la reforma ya no tendrán que solicitar ("rogar") el voto, algo obligado desde 2011 y que se ha visto ineficaz y contraproducente para ejercer este derecho.

Eso sí, los portavoces de JxCAT y ERC que han intervenido en la comisión han dejado claro que aunque se desestimen sus pretensiones, ellos no van a bloquear la aprobación definitiva de la reforma, que muy probablemente va a contar con el aval unánime de toda la Cámara.

De hecho, prácticamente todos los portavoces han coincidido al felicitarse recíprocamente por el consenso alcanzado y que ya se plasmó en las enmiendas que fueron incorporadas en la tramitación del Congreso.

Josep Maria Cervera, de Junts, ha abogado por introducir el voto electrónico como mecanismo más acorde con los tiempos, ya empleado por otros países europeos, como Francia, y Josep Maria Reniu, de ERC, lo ha defendido igualmente junto al voto delegado como herramientas que serían eficaces para facilitar el sufragio.

Sin embargo, tanto el PP como el PSOE han desestimado la incorporación de estas novedades por su falta de garantías jurídicas, al menos hoy en día.

La senadora del PP, Cristina Ayala, ha dicho que el voto electrónico "no está suficientemente maduro para salir adelante" en tanto que el socialista, Artemi Rallo, ha sostenido que no existe aún "ni el consenso jurídico ni el consenso técnico suficiente" como para considerar que pueden ayudar a un proceso electoral con todas las garantías.

La portavoz del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, se ha felicitado porque se ponga fin a las "disfunciones y efectos disuasorios" que el voto rogado supuso para los votantes el exterior y ha recordado que en 37 años de vigencia la LOREG se ha reformado ya en 24 ocasiones, lo que a su juicio augura que podrá sufrir más reformas en adelante para adaptarla a la realidad social y tecnológica.

El socialista, Artemi Rallo, que ha considerado un "despropósito sin paliativos" la caída progresiva de la participación que supuso la implantación del voto rogado en 2011, ha recordado que los 2.200.000 españoles que viven en el extranjero "miran a España" y quieren participar en las decisiones que afectan a todos.

La modificación legislativa que se va a aprobar, ha asegurado, es más garantista, contribuirá a la efectividad del ejercicio del derecho al voto gracias a más medios y mejores plazos y reglas y hará que los residentes en el exterior vuelvan "a sentirse españoles de primera de una democracia, que es la nuestra, de primera".