En las últimas semanas, el Senado aprobó la Ley de Memoria Democrática (LMD). Como sabemos, esta ley permitirá acceder a la nacionalidad a descendientes de españoles que residen en el exterior.

Desde el Partido Popular, la posición acerca de la nacionalidad de los descendientes siempre ha sido clara y contundente. Siempre, defendimos nuestro compromiso de hacer una ley específica que permita el acceso a la nacionalidad de los descendientes.

Cabe recordar que en 2018 ingresó al Senado una proposición de ley impulsada por Unidas Podemos. En ese entonces, el Partido Popular contaba con mayoría en la Cámara Alta y se admitió a trámite con el respaldo de todos los senadores de nuestro partido. Esta proposición de ley era amplia, subsanaba todos los casos, no tenía límite temporal y eliminaba los agravios comparativos. Finalmente, no prosperó por el rechazo frontal y categórico del PSOE.

La Ley de Memoria Democrática contiene 66 artículos y 9 disposiciones finales. Tiene 57 páginas y la dedica, tan solo, 12 líneas a la nacionalidad de los descendientes. Es una ley que abarca numerosos temas y con planteamientos ideológicos. Creemos que es un grave error que este derecho civil se haya incluido dentro de la LMD.

Sostendremos siempre que merecemos una ley que no tenga un límite temporal. Los descendientes tienen que poder acceder a la nacionalidad hoy, mañana y siempre. Rechazamos profundamente que una ley de estas características, tenga un plazo de solo 2 años.

Asimismo, y como todos sabemos, esta ley se encuentra con un grave problema: el déficit en la atención a la ciudadanía por parte de los Consulados. El Consulado de Buenos Aires tiene hoy, exactamente el mismo personal que antes que se sancionara la ley. Es evidente, que frente a esta situación y sin aumentar exponencialmente los recursos humanos en los Consulados, no se podrá dar respuesta a todos los ciudadanos que quieran obtenerla.

Creemos también, que es una medida electoralista de cara a las próximas elecciones autonómicas y generales, pero que no garantizará el derecho de acceder a la nacionalidad a todos los descendientes.

Estamos convencidos que los descendientes nos merecemos una ley propia y amplia de nacionalidad, desvinculada de la ideología y la Guerra Civil. Una ley que no sea un parche más y que no tenga límite temporal.

La solución de fondo llegará el próximo año, cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno. Como lo dijo el 6 de noviembre pasado en Buenos Aires: “Es nuestro compromiso. Haremos una ley específica para recuperar la nacionalidad de los descendientes fuera de planteamientos ideológicos”. Será el Partido Popular, una vez más, el que brinde soluciones reales a los españoles en el exterior.