La empresa Biocarburantes del Estrecho, que en 2007 recibió una concesión administrativa de la Autoridad Portuaria de Ceuta para instalar y explotar en su primera fase de ampliación una planta de biodiesel ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la decisión del Gobierno local que preside Juan Vivas (PP) de no concederle las preceptivas licencias medioambientales para el proyecto. Según ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero delegado de la sociedad, Juan Carlos Smith, con el primero de esos recursos se pretende no perder los más de seis millones de fondos europeos que se habían concedido en forma de subvención al proyecto.

El segundo quiere hacer valer los argumentos de la empresa contra la decisión de la Administración local de utilizar el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) de 1961, una norma 'que fue derogado en 2007', para justificar su decisión.

A juicio de Smith, los argumentos de los informes técnicos que el Ejecutivo ceutí defiende como 'técnicos y transparentes' son solo 'una cortina de humo'. 'El Gobierno de Vivas se aferra a que no tiene PGOU y a que Ceuta no es Comunidad Autónoma para utilizar un Decreto que en el año 2000, cuando se tramitó la última ampliación de la planta generadora de electricidad de Endesa, se dejó claro que no era aplicable en la ciudad autónoma', amplía.

El Raminp establece que las industrias fabriles que sean consideradas como peligrosas o insalubres 'no podrán emplazarse a una distancia inferior a '2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada'. 'Esa es una norma que se utilizó para ordenar las ciudades españolas de los años sesenta y cuya aplicación en Ceuta implicaría que la ciudad no podría tener ni gasolineras ni planta de generación eléctrica, por ejemplo', apunta Biocarburantes, según cuyo parecer la extensión de esta doctrina 'convertiría en ilegales las instalaciones actuales de Endesa, los depósitos de Ducar y cualquier otro almacenaje de gasolinas o productos químicos'.

'Cuesta creer �??argumenta el consejero delegado de Biocarburantes�?? que nosotros ganemos un concurso público, se nos adjudique la concesión, el Gobierno ceutí diga un día que están a punto de concedernos las licencias y de repente, este verano, tras invertir millones de euros, se nos considere unos apestados al mismo tiempo que el presidente de la Autoridad Portuaria dice que quiere que Ceuta sea una de las principales gasolineras del Estrecho y que Cepsa anuncia que estará en esa primera fase de ampliación'.

La empresa ha remitido a la Ciudad Autónoma y a la Autoridad Portuaria ceutí un documento en el que expone sus recelos sobre el cambio de criterio que ha hecho que 'una iniciativa que hace unos meses era positiva a nivel económico, laboral y estratégico, porque permitiría a Ceuta generar combustible y no depender de su traslado, haya pasado a ser peligrosa'.

El mismo texto ha recibido Puertos del Estado, organismo al que se pretende involucrar 'porque es difícil de creer en la independencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria cuando el Ejecutivo ceutí controla el 65% de sus asientos'.

La planta de biodiésel proyectada por Biocarburantes exige una inversión directa de 72 millones de euros y generaría 'entre 100 y 150 puestos de trabajo directos e inducidos'. La Autoridad Portuaria de Ceuta baraja ahora como posible adjudicataria de parte de esa ampliación del puerto a Cepsa, interesada en el almacenamiento de combustibles en la zona.

Biocarburantes del Estrecho tiene previsto remitir 'en febrero' un nuevo proyecto elaborado por una ingeniería de primer nivel para su planta de biodiésel al Gobierno ceutí en el que los tanques que precisa para almacenar 20.000 metros cúbicos de metanol estarán 'enterrados', cambio que a juicio de la empresa 'deja sin argumentos los informes del Gobierno ceutí aún aplicando el Raminp'.