El Gobierno de Ceuta no persistirá en su reclamación a la Administración General del Estado para que le devuelva las competencias urbanísticas que le retiró en 1999, cuando el Grupo Independiente Liberal (GIL) llegó a los ejecutivos de las dos ciudades autónomas, según explicó el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel (PP), quien aseguró que a su juicio es 'una garantía' que sea el Gobierno central el encargado de dar el visto bueno definitivo a las modificaciones urbanísticas de calado que se propongan desde la Administración local. En declaraciones a los medios de comunicación, Doncel expresó su 'satisfacción' por el discurrir de la reunión que mantuvo el pasado viernes con la directora general de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda, Rosario Alonso, en la que las dos administraciones pactaron activar a partir del próximo mes de febrero una Comisión Mixta que sirva para 'agilizar y dinamizar' el ordenamiento y el planeamiento urbanístico local.

Igualmente, Doncel se congratuló porque Ceuta va ya a participar junto al resto de comunidades en la elaboración del Libro Blanco del Urbanismo en España, cuyo primer borrador podría estar listo 'a mediados de año', adelantó.

El Ministerio de Vivienda también trasladó a Doncel su 'plena disposición' a colaborar con la Ciudad Autónoma en la 'revisión' de la normativa urbanística local con vistas a la elaboración de un texto 'refundido' que aclare y simplifique las distintas normas legales vigentes en esta materia.

'Con respecto a las competencias urbanísticas hemos concluido que seguirán exactamente igual que lo están actualmente', explicó Doncel. 'La Ciudad no va a hacer ninguna observación al respecto porque entendemos que es bueno que sigan así ya que también es una garantía para la Consejería de Fomento que sea el Estado quien dé su visto bueno definitivo a las propuestas que se elaboren', resumió.

La Ley del Suelo de 2007 establece en este sentido que corresponde a la Administración General del Estado 'la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de estas Ciudades y de sus revisiones, así como de sus modificaciones que afecten a las determinaciones de carácter general, a los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio o a las determinaciones a que se refiere el apartado tercero de la disposición final primera de esta Ley'.

La aprobación definitiva de los Planes Parciales y Especiales, y de sus modificaciones o revisiones, así como de las modificaciones del Plan General no comprendidas en el párrafo anterior, es competencia de las dos Ciudades previo informe vinculante del Gobierno central 'en lo relativo a cuestiones de legalidad o a la afectación a intereses generales de competencia estatal'.